El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un proyecto junto a un desarrollador urbano que consiste en elevar a 140 metros la altura permitida para realizar construcciones en un predio en Puerto Madero. La medida, aprobada por la Legislatura porteña, recibió críticas por parte del Frente de Todos y partidos de izquierda, que consideraron la medida como un “negocio inmobiliario”.
En concreto, la norma aprobada da el aval al acuerdo alcanzado por el Gobierno porteño con las empresas Produfi SA, Mitre Construcciones y el Sr Pedro Masiglia, sobre un predio de dominio privado situado en Juana Manso 350, en el barrio de Puerto Madero.
La iniciativa obtuvo 32 votos a favor del bloque Vamos Juntos (VJ) y la UCR, sin el acompañamiento de la Coalición Cívica que optó por abstenerse; y 21 en contra de las bancadas del Frente de Todos (FDT), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y de Autodeterminación y Libertad.
El convenio contempla, como principal medida, el cambio al tope de altura habilitado para permitir la construcción de una torre de departamentos de hasta 140 metros de altura, es decir, cerca de 50 pisos.
Como contraprestación, el privado deberá abonar a la Ciudad 2,5 millones de dólares “que serán destinados a gastos erogados como consecuencia de la emergencia sanitaria con motivo del coronavirus y de la emergencia económica y financiera” en la que dice estar el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
También, parte de los fondos adquiridos serán para “a la construcción de una plaza pública en homenaje a las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina” en una zona cercana al Parque de la Memoria y la ribera del Río de la Plata en un terrenos donde están depositados los escombros del edificio de la calle Pasteur que sufrió el ataque en 1994.
A favor y en contra
El legislador del FdT Matías Barroetaveña indicó que “tratamos un tema del que venimos hablando bastante lamentablemente y que refiere a los negocios inmobiliarios en un contexto de venta indiscriminada de tierras, la que se profundizó con el Gobierno nacional de Mauricio Macri”.
“En esta oportunidad, lo hacen a través de la figura del convenio urbanístico que son aquellas viejas excepciones que se votaban en el Concejo Deliberante para cambiar las normativas y hacer los negocios inmobiliarios”, afirmó el legislador.
Por su parte, el legislador del Frente de Izquierda, Pablo Almeida, sostuvo que el proyecto “no tiene otro objetivo que seguir favoreciendo en la Ciudad de Buenos Aires a la especulación inmobiliaria”; mientras que su compañera de bloque Alejandrina Barry recordó que “hace tiempo que esta Legislatura se ganó el apodo de ŽLa inmobiliaria PROŽ porque tramita la venta de tierras”.
En tanto, la legisladora oficialista Victoria Roldán Méndez indicó que el acuerdo alcanzado con el desarrollador privado “contempla la revalorización del terreno y la contraprestación” y aseguró que el convenio “se enmarca en lo que establece la ley y el Código Urbanístico”.
Este es el tercer acuerdo que aprueba la Legislatura, ya que también se dio el aval a otros dos convenios que facilitaban cambios en la morfología a terrenos de los barrios de Villa Crespo y Palermo.
Con información de Télam