Paulina Pereyra
Desde el comienzo de la cuarentena de 2020, las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran al borde del colapso con un crecimiento de presos del 1067%. El número pasó de 61 a 712 en un año.
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Cuando el Gobierno designó la primer cuarentena obligatoria por coronavirus en marzo de 2020, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) cerró el ingreso de detenidos desde la Ciudad, ya que no tiene un sistema carcelario propio.
Desde 2004, el SPF se hace cargo de los delincuentes de CABA, estén procesados con prisión preventiva o condenados. Sin embargo, la prohibición del ingreso de los detenidos provocó un colapso en las comisarías de la Ciudad: hay personas durmiendo en el piso, amontonadas, pegadas a los inodoros y con comida guardadas en los baños.
Desde el Gobierno porteño insisten que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no han intervenido para solucionar la situación y reafirmar el acuerdo entre ambas jurisdicciones.
El problema ha tenido distintas instancias judiciales entre la Ciudad y la Nación. El 5 de octubre del año pasado, la jueza Carla Cavaliere del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº3, dictaminó que el SPF debería ingresar un cupo de detenidos semanales a partir de un cronograma establecido.
Pero a pesar de que la decisión de la jueza implicaba que todos los presos debían estar en una cárcel en la provincia para diciembre, el Gobierno nacional aún no cambió su “política de puertas cerradas”.
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Superpoblación en las comisarías de la Ciudad
La acumulación de detenidos en las comisarías provocó hacinamiento en los establecimientos y una violación a los derechos humanos de los reclusos. Además, la Ciudad debió quitar patrulleros y polcías de las calles para vigilar a los presos.
Según informó Clarín, en 2019 el SPF albergó 17.471 detenidos de CABA y en 2020, el número disminuyó a 6.008: un 66% menos. Sin embargo, la diferencia en detenidos por cualquier delito de un año a otro fue solo de 500 presos.
Cuando comenzó la cuarentena, la capacidad en las alcaldías era de 183 plazas, y hoy es de 234, mientras que el número de plazas de las comisarías pasó de 183 a 508. El 51% de los detenidos en las alcaldías están con prisión preventiva y el 23%, condenados, y en las comisarías las cifras son del 24% y 6%.
Más de 1.000 oficiales y decenas de patrulleros fueron retirados de la Policía de la Ciudad, que se utilizaban para traslados a tribunales, médicos o lugares de alojamiento, y fueron destinados a la vigilancia de los presos hacinados.
Mientras que la superpoblación del 40% sigue creciendo, varios reclusos pasan la noche en patrulleros. Además, se deben contratar médicos y psicólogos para los detenidos así como un sistema de viandas con las cuatro comidas que determinan los nutricionistas.