La fiscalía 31 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo Carlos Rolero Santurian, imputó a 43 padres de los chicos que tomaron ocho escuelas el año pasado al argumentar que son "responsables" por las conductas de sus hijos, y por cuyas contravenciones pueden enfrentar multas de hasta 10 mil pesos o trabajos de utilidad pública.
"Los padres tenían conocimiento de la conducta que realizaban sus hijos y no hicieron nada para impedirlo cuando debían hacerlo. Ante la posible comisión de una contravención, los padres tienen el deber de actuar para que eso no se lleve adelante", aseguró a Télam Rolero Santurian, que confirmó que los 43 padres comenzarán a ser llamados en calidad de imputados a fines de marzo tras la denuncia que radicó el año pasado la Procuración de la Ciudad.
"La situación tiene que ver con la responsabilidad de los padres ya que los que chicos, que tienen menos de 18 años, escapan a la imputación contravencional", explicó el fiscal y precisó que se trata de ocho casos de tomas ocurridas a lo largo del año pasado en diferentes escuelas públicas porteñas.
Los establecimientos educativos en cuestión son la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Rogelio Yrurtia"; la Escuela Normal Superior N°1 "Presidente Roque Saenz Peña"; la Escuela Normal Superior N°6 "Vicente López y Planes"; el Mariano Moreno;la Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken, y la Escuela Normal Superior N° 5 "Martín Miguel de Güemes".
"Es la primera vez que se hace una imputación penal contra padres por la conducta de sus hijos", explicó el fiscal.
Rolero Santurian agregó que como la imputación es por una contravención por impedir el ingreso o salida de lugares públicos o privados, "la pena, que abarcaría a los padres no es grave, puede ser una multa de hasta 10 mil pesos o trabajo de utilidad pública".
Y agregó que "va más allá de la pena, tiene que ver con la discusión de la responsabilidad jurídica de los padres en estos casos, lo cual es muy importante para evitar futuras tomas", concluyó el fiscal.
Desde la Justicia estiman que el proceso, de marchar sin contratiempos, podría durar seis meses antes de llegar al juicio, donde un juez decidirá si los padres son responsables o no de la contravención.