La Legislatura porteña avanzará este miércoles en el debate en torno al convenio entre la Nación y la Ciudad para avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria nacional a la órbita de la Ciudad, que contempla el acuerdo para una transferencia gradual de las competencias penales.
Debido al paro general convocado para el jueves por las centrales sindicales, las autoridades legislativas convocaron a sesión para el próximo miércoles.
El primero de los proyectos establece que el Estado nacional transfiere y la Ciudad asume la competencia ordinaria en los conflictos de las relaciones de consumo.
La Ciudad recibe los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; tres Fiscalías ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo; tres Defensorías Públicas Oficiales ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo; seis vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo; una Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, y una Defensoría ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo.
Por otro lado, se tratará el proyecto que ratifica el convenio interjurisdiccional de transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) en todas las materias no federales o de interés nacional, para ser ejercidas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires por el Organismo del Registro Público.
Además, en el marco de este traspaso, serán transferidas las funciones, competencias, órganos, entes, personal, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y/o de comunicación), convenios y contratos en ejecución con los que cuente y utilice la Inspección General de Justicia (IGJ).