Los diputados porteños aprobaron una ley que regula el uso de las bicicletas eléctricas en la ciudad incorporando al Código de Tránsito y Transporte la definición de los ciclorodados con pedaleo asistido y las condiciones de seguridad necesarias para habilitar su circulación. La norma califica a esta clase de rodados como "vehículo de dos o tres ruedas, con motor eléctrico auxiliar e impulsado por el esfuerzo de quien lo utiliza, cuya potencia disminuye progresivamente, y que finalmente se interrumpe cuando el vehículo alcanza una velocidad de 25 km/h, o antes si el ciclista deja de pedalear".
La norma exige como requisito de seguridad para habilitar su circulación por la vía pública: un sistema de frenos que actúe sobre las ruedas y que se accione desde el manubrio; una bocina que permita llamar la atención bajo condiciones de tránsito mediano; un espejo retrovisor colocado en forma tal que permita al conductor ver por lo menos a 70 metros de distancia; un elemento catadióptrico rojo en la parte trasera y otro blanco en la parte delantera.
Además, en marcha nocturna, se debe utilizar una luz de color rojo orientada hacia atrás y una luz de color blanco o destellador orientada hacia adelante, ambas visibles a cano menos de cien metros en el sentido correspondiente.
El uso de las bicicletas se incrementó notablemente en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires como método de transporte alternativo.
Esta ley regula la convivencia con los ciclorodados eléctricos y autoriza como potencia máxima del motor auxiliar unos 500 Watts y limita la velocidad en 25 km/h. También se definió una restricción para los conductores, quienes no podrán ser menores de 16 años.
Por otra parte, una cláusula transitoria establece que los ciclorodados que no satisfagan los requisitos de seguridad tendrán 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley para ajustarse a la normativa.
“La bicicleta eléctrica con pedaleo asistido ayudará a integrar a otros actores que hoy en día no pueden utilizarla, como los adultos mayores, personas con discapacidad, o mujeres embarazadas”, destacan los fundamentos del proyecto impulsado por los diputados Cristina García, Daniel Del Sol, Carmen Polledo, Francisco Quintana, Roberto Quattromano y Agustín Forchieri (PRO), que tuvo dictamen favorable de la Comisión de Tránsito y Transporte.