Después de un mes de conflicto, las clases en las escuelas secundarias porteñas que habían sido tomadas por los estudiantes en rechazo a la reforma educativa propuesta por el Gobierno volverán a dictarse con normalidad. Los representantes de las casi 30 instituciones implicadas levantaron la medida -sólo cuatro definían su situación-, y exigieron la suspensión por un año del proyecto y que se convoque a un Congreso Pedagógico en el que se puedan debatir y consensuar los cambios en el nivel medio. El reclamo llegó hasta la Justicia, ya que los asesores tutelares presentaron un amparo para anular la iniciativa.
Los alumnos se manifestaron ayer frente a la sede del ministerio de Educación, en Paseo Colón al 200, donde leyeron un documento y advirtieron que si no reciben respuestas seguirán con las protestas.
"Exigimos la suspensión de la aplicación de la nueva Escuela Secundaria al menos por un año y que se garanticen los espacios de debate y resolución durante 2018", indicó Victoria Camino, referente del centro de estudiantes del Carlos Pellegrini.
La joven aseguró que “la lucha está orientada a la defensa de la escuela pública, laica, gratuita y de calidad para todos y todas”.
El camino post tomas siguió por la vía judicial. Los asesores tutelares Gustavo Moreno y Mabel López Oliva presentaron ayer un amparo para que el Gobierno suspenda la instrumentación de la denominada "Secundaria del Futuro", que propone cambios en las formas de enseñanza y prácticas educativas en empresas, ONG's o instituciones públicas para alumnos del último año.
Se implementaría desde 2018 en unas 23 escuelas y avanzaría por etapas hasta alcanzar las 140 secundarias porteñas. Los chicos se oponen porque creen, entre otras cosas, que van a ser usados como mano de obra barata en empresas privadas.
Moreno y Oliva solicitaron que “se garantice el derecho adolescente de nivel primario en virtud de hacer cesar la implementación del plan Secundaria del Futuro, acceder a información, ser oídos y expresar libremente opinión en tiempo oportuno y de manera sustantiva”. También consideraron que la Ciudad debe garantizar acceso a la información pública “completa” y un espacio para el debate “en un tiempo oportuno y razonable”.
La jueza Andrea Danas, del Juzgado Contencioso Administrativo 19, deberá decidir si hace lugar o no al amparo.