La Argentina secreta contiene historias maravillosas, que nos sorprenden por sus prodigios y talentos, pequeñas azañas y gestos nobles; e historia abominables que nos golpean una y otra vez recordándonos que allí subyace, a veces latente e invisible, a veces explícito y manifiesto, aquello que no terminamos de resolver, que escondemos debajo de las alfombras o en los subsuelos, que postergamos o no queremos ver como sociedad. Y que vuelve, recurrentemente.
La desaparición de Santiago Maldonado, de la que hoy se cumple un mes, nos coloca una vez más de cara a esa Argentina subterránea, nebulosa y aciaga; ese agujero negro en el que nada se esclarece, ese pozo ciego que se deglute vidas, en el que se perpetran crímenes o se pergeñan actos criminales que quedan impunes.
Es la Argentina que retrata Ernesto Sábato en su Informe sobre Ciegos, publicado originalmente como un apéndice de la novela Sobre héroes y tumbas. Allí se cuenta la existencia de un supuesto antiguo complot, regido desde la Santa Sede de los Ciegos, desde la cual, según el personaje principal, Fernando Vidal Olmos, obsesivo y canalla autor del informe, se tejen los siniestros hilos que gobiernan el sentido del mundo y de los hombres. El descenso a su particular Hades de este héroe negro, este Sigfrido de las tinieblas, remite por momentos a las grandes tragedias de la antigua Grecia y encierra pasajes escalofriantes. Todo el Informe es una gran metáfora de otra cosa, acaso más profunda y misteriosa, anidada en nuestros propios temores subterráneos enraizados en nuestra historia nacional. Y remite también a la facilidad con la que prenden las teorías conspirativas para explicar lo inexplicable.
Hubo otro Informe, en este caso verídico, no literario, que torció el rumbo de la historia de la impunidad en la Argentina. Fue el Informe Nunca Más, de la CONADEP, elaborado y publicado en 1984 a instancias del presidente Raúl Alfonsín, cuando la democracia recuperada daba sus primeros pasos. Allí se recogieron los testimonios que permitieron esclarecer y sancionar la desaparición forzada de miles de argentinos durante la última dictadura. Luego, la democracia tuvo también su historia de crímenes e impunidades -el atentado contra la AMIA, el más emblemático- y, en los últimos años, dos casos -la desaparición de Julio López y la muerte del fiscal Alberto Nisman- que remiten a esa dimensión siniestra de la criminalidad con fines políticos de amedrentar a la sociedad. Por eso inquieta y moviliza hoy la desaparición de Santiago Maldonado, el artesano de 28 años cuyo rostro recorre el país y el mundo.
Sus últimos rastros se perdieron a orillas del río Chubut, luego de la intervención de Gendarmería frente a una protesta de grupos mapuches que ocuparon tierras, en la ruta 40, y en la que él -supuestamente- habría participado. El allanamiento para establecer si efectivamente llegó a cruzar el río fue suspendido por la “férrea oposición” de la comunidad mapuche. Así surge de una presentación que hizo la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, a cargo de la investigación. El informe judicial certifica que el joven desaparecido fue visto por última vez el 1° del actual.
Hay dos expedientes abiertos, uno referido al hábeas corpus y el caratulado como desaparición forzada. En ninguno de ellos hay hasta ahora pruebas que relacionen directamente a la Gendarmería con la desaparición de Maldonado. No obstante, en la carátula de la causa se mantiene la hipótesis de que se trató de una desaparición forzada, lo que implicaría la privación de libertad de Maldonado a manos de fuerzas de seguridad que supuestamente actuaron con autorización o apoyo del Estado. Si bien no menciona ninguna prueba contra la Gendarmería, ya que no hay en la presentación testimonios de testigos que hayan visto a agentes de esa fuerza llevarse a Maldonado, aún restan conocerse los resultados de los peritajes de teléfonos y computadoras. Además de la fiscal, trabajan en la investigación judicial la Procuraduría de Violencia Institucional, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico y la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia. Y por supuesto, el ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene la responsabilidad de lograr el esclarecimiento del hecho.
La democracia contiene siempre una batalla entre la ley y la ilegalidad, la transparencia y el secreto, los poderes legítimos y las redes de complicidades mafiosas enquistadas dentro y fuera de las instituciones y organismos que deben resguardar y representar el interés colectivo. Que se haga la luz, y prevalezca la Justicia, para saber qué pasó con Santiago Maldonado. Más allá de toda especulación maliciosa o perversa. Y que aparezca con vida, por supuesto.