Este domingo, desde la UNICEN (Universidad del Centro), difundieron un texto en el que mostraron “preocupación” por el estado actual de las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
El comunicado se basa en un relevamiento realizado por la Defensoría General de Azul.
"Habiendo tomado conocimiento de las acciones llevadas adelante por la Defensoría General de Azul (PBA) con motivo de relevar la situación alimentaria en las cárceles bonaerenses, manifestamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, en particular aspectos que atañen a la falta de alimentos; atención a dietas por temas de salud; hacinamiento y sobrepoblación; atención de la salud de las y los detenidos entre los que se encuentran estudiantes de nuestra Universidad.
Es de conocimiento público el aumento desmesurado de la población detenida en las cárceles provinciales en los últimos dos años.
Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), -Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires- para noviembre de 2019, había 47.610 personas detenidas bajo custodia del SPB, un 9% más que en noviembre de 2018.
De esas 47.610, solamente 1.969 (4%) tenían arresto domiciliario con monitoreo electrónico. El resto detenidas en cárceles y alcaidías. Según el cálculo de la CPM, eso significa un 119% de sobrepoblación.
La CPM señala además que constató que las personas privadas de la libertad padecen hambre, esta situación ha sido reconocida también por funcionarios de la justicia.
La Defensoría General de Azul señaló que en diferentes unidades penales bajo su jurisdicción pudo constatar una grave situación de desabastecimiento.
Entendemos que esta situación es fruto de diferentes aristas que llevan a que en este momento las cárceles de la Provincia de Buenos Aires estén en esta situación, que es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires.
Es por ello que solicitamos a los poderes del Estado provincial y nacional a regularizar la situación y garantizar los derechos humanos de las personas detenidas tal como prescribe nuestra Constitución en su artículo Nº18 que dictamina que 'las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice'".
El comunicado lleva las firmas de la Facultad de Ciencias Sociales; Facultad de Derecho; Facultad de Arte; Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Programa Universidad en la Cárcel; Programa Educación en Contextos de Encierro; Programa Economía Social Solidaria y Popular y Programa Interdisciplinario Chesida.