El Gobierno nacional promulgó este miércoles la de Consenso Fiscal que el presidente Alberto Fernández firmó con los gobernadores, permite a las provincias mantener hasta fin de año los impuestos provinciales por encima de lo acordado en el pacto fiscal de 2017. Como consecuencia podrían recaudar en total más de $70.000 millones.
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Lo hizo a través del Decreto 442/2021 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, que puso en vigencia la Ley 27.634 aprobada el 10 de junio por la Cámara de Diputados.
El Consenso Fiscal, que se acordó en diciembre de 2020, cuenta con el acuerdo del presidente y los gobernadores, salvo los de San Luis, la Pampa, y la ciudad de Buenos Aires, enfrentada con Nación por los fondos de la coparticipación.
El nuevo acuerdo fiscal habilita a las provincias a aumentar varios impuestos, por lo que permitirá así que cuenten con un monto total de alrededor de $ 70.000 millones.
Los aumentos habilitados
- La ley habilita un año más a los impuestos a los Sellos, a los Ingresos Brutos e inmobiliario por encima de los topes pautados en el cronograma de bajas progresivas firmado en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.
- Se eliminan los topes al impuesto inmobiliario y permite incrementar las alícuotas del impuesto a los Sellos, a la vez que las provincias podrán reestablecer los gravámenes que algunas aplicaban sobre el salario a trabajadores.
- Las provincias podrán aumentar la alícuota del impuesto inmobiliario por encima de 0,5% y 2% como se acordó en el Pacto Fiscal 2017.
- Sellos: se había fijado un esquema de reducción gradual de 0,75% a partir de 2019 (0,5% en 2020, 0,25% en 2021, y eliminarlo completamente desde 2022) qu ahora quedó cancelado.
- Se eliminaron las trabas para aumentar las impuestos a las transferencias de inmuebles y automotores.
- Combustible: quedó suspendida la prohibición de gravar la transferencia de combustible, gas, energía eléctrica y servicios sanitarios.
El proyecto además establece que en 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.
Como excepción, esta medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.
Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
Otro punto central del acuerdo está vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
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También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables.
Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunta en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.
Con información de Télam.
