El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, al cabo de una jornada en que estalló el escándalo por casos de vacunación a amigos del poder, por fuera del canal institucional para hacerlo: inscribirse en los registros públicos para recibir la Sputink V y esperar la aplicación, como lo hacen cientos de miles de personas en el país. Más tarde confirmaron que Carla Vizzotti quedará al frente de la cartera de Salud.
La noticia se conoció alrededor de las 17.40 de este viernes, después de que trascendiera en medios de comunicación que en la sede del Ministerio de Salud de la Nación se montó una suerte de “vacunatorio paralelo”, donde habrían sido vacunados, entre otras personalidades, el canciller, Felipe Solá; el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés y el senador y ex canciller, Jorge Taiana, también del oficialismo.
Estos casos se conocieron después de que el periodista Horacio Verbitsky confesara en la radio El Destape que logró vacunarse en la sede de la cartera sanitaria después de haberse comunicado telefónicamente con González García.
El escándalo por las vacunaciones en secreto venía creciendo en los últimos días, después de conocerse el caso de dos intendentes ciudades de Santa Cruz, uno de los cuales inclusive hizo vacunar a familiares y allegados suyos, y del diputado nacional del Frente de Todos Juan Benedicto Vázquez, que también es representante de esa provincia.
Pero este viernes también trascendió en los medios que otras personalidades cercanas al Gobierno fueron vacunadas sin integrar los grupos prioritarios de vacunción: el líder camionero Hugo Moyano, su esposa y uno de sus hijos.
Prioridades
“Nuestro país, al igual que otros países del mundo, va a recibir al principio una cantidad limitada de vacunas, que luego crecerá durante la primera mitad de 2021. Por eso, al inicio del plan de vacunación, algunos grupos tendrán prioridad sobre otros de acuerdo con la exposición a la enfermedad, por las funciones estratégicas que tengan o por los riesgos que presenten”, dice el Ministerio de Salud, en la web oficial donde figura la lista de grupos prioritarios de vacunación.
Resalta, además, que “la vacuna será provista por el Estado nacional para quienes integran la población objetivo definida, más allá de su cobertura sanitaria o nacionalidad”.
El primer grupo prioritario corresponde al personal de salud (763 mil trabajadores); el segundo, a los adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos; el tercero, a los adultos mayores de 60 años (7,3 millones de personas entre ambos grupos); después, las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de servicios penitenciarios (500 mil); después, adultos de entre 18 y 59 años que presentan factores de riesgo (5,6 millones de personas); después, los docentes y no docentes de nivel inicial, primaria y secundaria (1,3 millones).
Finalmente, el Ministerio señala que tendrán prioridad a la hora de vacunarse “otras poblaciones estratégicas que definan las jurisdicciones, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle, pueblos originarios, personas privadas de libertad, migrantes”.
No figuran los gobernadores, ni los diputados, ni los senadores, ni los intendentes, ni los concejales, ni mucho menos sus familiares, ni los periodistas, aunque sean amables con el Gobierno, como Verbitsky.