Juliana Argañaraz
Las negociaciones oficiales para la compra de vacunas de Pfizer no son las únicas que están en la mira. En las últimas horas la Justicia intimó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a que no haga cambios en el contrato de compra firmado con AstraZeneca, porque temen que se incluya una prórroga, ya que el laboratorio esta retrasado en la entrega.
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El acuerdo con AstraZeneca fue por la adquisición de 22,4 millones de vacunas, pero la entrega está demorada y por eso el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que se comunique antes de incluir cualquier modificación en el contrato, al que podría agregársele una prórroga “que no correspondería, porque se debería aplicar una multa por los plazos incumplidos”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
De las 22.429.842 dosis adquiridas a AstraZeneca, Argentina ya pagó el 55,68%. Mientras, recibió solo 2.992.200 dosis, poco más el 10% de lo pactado.
“El período de inicio de cumplimiento para la entrega de vacunas se pactó para el primer semestre 2021, con lo cual las entregas registradas se encuentran dentro del periodo de cumplimiento previsto”, dijo el jefe de Gabinete Santiago Cafiero cuando brindó declaración testimonial ante Marijuan. Pero después habló sobre “la demora en las entregas de vacunas”, y que la misma “ha sido una situación constante para todos los productores (ya sea laboratorios privados o producción pública) y para todos los Estados adquirentes”.
Sobre una reunión que mantuvieron el 13 de abril los representantes de AstraZeneca con Vizzotti y Cafiero, el jefe de Gabinete reconoció que fue para solicitar “información sobre la entrega de vacunas, habiendo recibido la confirmación de una nueva demora en función de los resultados del control de calidad de los lotes formulados en Estados
Unidos”.
Cafiero contó también que el presidente Alberto Fernández envió “un correo electrónico de fecha 18-04-2021 al señor Pascal Soriot de la firma AstraZeneca”.
La Justicia teme que el Estado haya sido víctima de una mala negociación con AstraZeneca y busca evitar un “mayor perjuicio para el Estado” al conceder una pr
órroga. “Esto no quiere decir que luego pueda haber otros aspectos que deban ser analizados respecto del comportamiento de los funcionarios”, explicaron fuentes vinculadas a la investigación.
La denuncia inicial
El expediente comenzó con una denuncia contra Alberto Fernández, el ex ministro Ginés González García, su sucesora Vizzotti y otros dos funcionarios del ministerio de Salud por supuesto abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El juez que quedó a cargo del caso, Julián Ercolini, ordenó la investigación al fiscal Marijuan quien, hasta ahora, pidió información y documentos sobre el contrato al ministerio de Salud y también al laboratorio argentino mAbxience, del empresario farmacéutico Hugo Sigman.
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Sigman fue quien obró como nexo entre el Gobierno y AstraZeneca, y por eso quedó bajo la lupa. A raíz de esto, se analiza ahora el histórico vínculo de Sigman con el kirchnerismo y González García, y el rol de la funcionaria Sonia Tarragona en las negociaciones, quien trabajó para Sigman..
“Las negociaciones con el laboratorio Pfizer -que quedaron truncas- fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública”, consta en la denuncia firmada por Josefina de Elizalde en representación del “espacio ciudadano apartidario” Acción Conjunta Republicana.