Redacción Vía País
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Al empezar la campaña electoral, la propaganda proselitista en la Argentina no sólo aparece en afiches en la vía pública y en spots de radio y TV, sino también en redes sociales -y de todos los espacios políticos, del Frente de Todos a Juntos por el Cambio, como se contó en esta nota de Reverso-. Pero hay otra manera, directa, en nuestros propios teléfonos celulares, a los que ingresan mensajes de texto SMS sobre uno u otro candidato, sin autorización, como si nos escribiera un familiar o amigo. ¿Por qué pasa esto y por qué está mal? Te lo contamos en esta nota.
La ley y las bases de datos
Los datos personales en la Argentina están protegidos por la Constitución nacional, que en su artículo 43º establece que toda persona puede presentar una acción de amparo para saber qué datos suyos hay en bases públicas y/o privadas destinadas a proveer informes y enterarse de la finalidad de su almacenamiento; y la Ley 25.326, de Protección de los Datos Personales, que en su artículo 5º establece que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado”.
Los SMS de publicidad electoral suelen llegar de números que no son números telefónicos tradicionales sino códigos (como 11011, 30777, 41411 y 30003) que envían empresas privadas que manejan bases de datos y son contratadas para contactarse con números de teléfono particulares.
Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, subrayó a Reverso que las bases de datos que guardan las empresas privadas “deben estar declaradas” ante la Dirección Nacional de Datos Personales. En relación con los SMS electoralistas, señaló que “si alguien tiene datos míos, tiene prohibido utilizarlos con una finalidad distinta” de la indicada al momento de pedir el consentimiento para obtenerlos. “Si yo entrego datos a una empresa, esa empresa no puede disponer de ellos y dárselos a otras empresas sin antes habérmelo informado y sin yo haber prestado consentimiento”, sostuvo.
Coincidió en este punto Natalia Zuazo, investigadora asociada de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), quien señaló que en la Ciudad de Buenos Aires “ya hubo denuncias de padres que inscribieron a sus hijos en las escuelas o vecinos que formularon reclamos de arreglos en una calle y después recibieron mensajes de campaña de algún candidato”.
Zuazo destacó que en la Argentina “las personas somos titulares de nuestros datos personales y, por lo tanto, los cedemos a otros con consentimiento, de la misma manera que podemos pedir que nos saquen de una base de datos”. Por ejemplo, con el Registro No Llame, que reúne los números telefónicos de personas que voluntariamente lo inscriben porque no quieren recibir información, ni publicidad, ni ofertas, ni servicios.
Eduardo Pedutto, director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo porteña, dijo a Reverso: “Acá las empresas telefónicas podrían estar vendiéndole las bases de datos a alguien. Porque, si no, ¿cómo llegan a tu teléfono? En el caso de correos electrónicos ya hay jurisprudencia de que tienen el mismo carácter de privacidad que el viejo correo (postal). Con los celulares es evidente que hay negocios detrás”.
Turno para vacunación y publicidad electoral, en SMS del mismo número
La polémica por el uso de datos personales con fines proselitistas resurgió la última semana por un tuit de la periodista Soledad Vallejos, quien señaló que desde el mismo número en el que se le había confirmado el turno para vacunarse le llegó por SMS una publicidad electoral de Vidal, precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad.
Zuazo sostuvo que “las agencias gubernamentales pueden cederse entre sí las bases de datos”, pero no usarlas para publicidad electoral del partido que gobierne el distrito. Señaló que, probablemente, estos SMS electorales sean fruto de una triangulación, porque las empresas que manejan bases de datos pueden tener contratos con el Estado para cumplir funciones, como la “inscripción de chicos en la escuela, otorgar el IFE o sacar turno para vacunarse” y, a la vez, con un partido político, por publicidad electoral. De cualquiera manera, sostuvo: “Si vos no diste tu consentimiento [para que te lleguen SMS de campaña], esto no está bien”.
Para Busaniche, en este caso, “el Gobierno de la Ciudad está tercerizando en una empresa privada los datos de vacunación o está utilizando la base de datos de la Ciudad para hacer publicidad partidaria”. Zuazo señaló que “lo peor sería que hubieran tercerizado el registro de vacunación”, porque la información referente a la salud, según la ley, es considerada un dato sensible, de manera tal que “sólo puede ser recolectada cuando medien razones de interés general autorizadas por ley”, como una pandemia, y su utilización para la formación de archivos, bancos y registros está “prohibida”.
Reverso se contactó con el área de Prensa del Ministerio de Salud porteño, desde donde dijeron que quien debe responder sobre esta cuestión es directamente “el Gobierno [porteño] o la gente de la campaña” de Juntos por el Cambio. “No es algo que manejemos desde acá”, respondieron en el equipo del ministro Fernán Quirós.
Tras esta contestación, este medio se comunicó con el área de Comunicación del Ejecutivo porteño, desde donde afirmaron: “Puede ocurrir que el Gobierno de la Ciudad haya contratado a alguna de estas empresas para un tema de la gestión y que, al mismo tiempo, el equipo de campaña de la lista que encabeza María Eugenia Vidal haya contratado a esa misma empresa para un tema de campaña, como mantener un contacto directo con los votantes. Nosotros no mandamos un SMS sin consentimiento previo”.
Este medio contactó también a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para conocer si recibieron denuncias similares en ese distrito. Desde el área de Prensa del organismo confirmaron que hasta el momento no han recibido este tipo de planteos.
El Centro de Protección de Datos de la Defensoría del Pueblo porteña, que dirige Pedutto y que es órgano de aplicación de la Ley 1.845, de Protección de Datos Personales de la Ciudad, elevó 2 pedidos de informes al Gobierno porteño, con el mismo texto, vinculados con este caso, y publicó una nota titulada “Utilización de datos personales de vacunación en campañas políticas”.
En ella, el organismo público destaca que “los datos recolectados para solicitar turno de vacunación no pueden ser utilizados para campañas o encuestas políticas, salvo consentimiento previo” y que “los datos son personales y nadie puede utilizarlos en su favor, ni el gobierno ni ninguna candidatura”.
Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 40 medios para intensificar la lucha contra la desinformación durante las elecciones de 2021.
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Autor: Juan José Domínguez
Edición 1: Matías Di Santi
Edición 2: Laura Zommer