El proyecto de ley de hidrocarburos que el Poder Ejecutivo envió al Senado para fomentar las inversiones en el sector entró en un estado de parálisis tras la exposición del secretario de Energía, Darío Martínez. Todo indica que no solo sufrirá cambios, sino que se votará recién después de las elecciones.
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Martínez defendió el proyecto hace casi un mes en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, donde se acordó citar a gobernadores, sindicalistas y empresarios a rondas de consulta. Sin embargo, el sanjuanino Rubén Uñac (Frente de Todos) demora la convocatoria.
Hay tres causas que explican la dilatación del debate: la campaña electoral, que retiene a los legisladores en sus provincias; el regreso a la presencialidad plena en el Congreso, lo que también abre dificultades logísticas; y, finalmente, la falta de acuerdo dentro del propio oficialismo sobre algunos aspectos del proyecto.
El secretario de Energía alentó un debate abierto con todas las partes involucradas para llegar a un texto de consenso y en el oficialismo sostienen que “la ley se debatirá sin apuro, el tiempo que sea necesario”. Una fuente calificada de la oposición lo puso en términos más duros: “Si no cierran entre ellos, la ley no va a salir”.
El rionegrino Alberto Weretilneck, la neuquina Lucila Crexell, la mendocina Pamela Verasay y la bonaerense Gladys González encabezan las críticas al proyecto y enviarán propuestas de modificaciones. Además, se espera que en los próximos días la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) emita un dictamen técnico.
Weretilneck se puso al hombro las negociaciones por el interés de Río Negro pero también es la voz del mandatario de Neuquén, Omar Gutiérrez. A su vez, intensificó los contactos con Guillermo Pereyra, histórico líder del sindicato petrolero que abarca los yacimientos de Vaca Muerta y los contiguos de Río Negro y La Pampa.
El proyecto del Ejecutivo apunta a incrementar las inversiones del sector, aumentar el ingreso de divisas y lograr el autoabastecimiento, entre otros objetivos. Entre los beneficios se destacan la exportación garantizada del 20% al 50% de la producción incremental de cada empresa, y la libre disponibilidad de divisas de hasta el 50% de la exportación garantizada.
Los cuestionamientos pasan por la falta participación de las provincias en el consejo que se crea para decidir sobre las inversiones (tendrán solo un rol consultivo). Además, entienden que -aunque Martínez afirme lo contrario- la Secretaría de Energía podría avasallar el dominio de las provincias sobre el recurso y su potestad sobre la política tributaria.
“Las provincias tienen que tener participación, porque si desde el Ejecutivo van a direccionar a qué proyectos van a darle impulso económico, habrá discrecionalidad en la toma de decisiones”, dijo a este medio un senador de la oposición, y agregó: “Si es un proyecto específicamente para Vaca Muerta o para YPF, que lo digan”.
Uñac aseguró, en recientes declaraciones a Senado TV, que “se promueven distintas cuencas, no solo Vaca Muerta”, pero en el mismo Frente de Todos el salteño Sergio “Oso” Leavy pidió atender la situación de “cuencas olvidadas, como las del NOA”, porque “sino siempre se incentiva el desarrollo y la producción en las mismas cuencas”.
La contradicción ambiental
También la cuestión ambiental está en juego, debido a la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el gas metano. Argentina se comprometió a alcanzar la descarbonización en 2050, pero el proyecto le da estabilidad al impuesto al carbono por 20 años.
Martínez aclaró en las comisiones que todo proyecto de inversión debe ser sometido a un estudio de impacto ambiental, pero en Juntos por el Cambio quedaron insatisfechos con la explicación. Esperaban respuestas más concretas que, según advierten, nunca llegaron.
En ese sentido, Verasay y González presentaron un pedido para que asista al debate el ministro Juan Cabandié, y otro para que el proyecto sea girado a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Pero ninguno fue atendido.
Para la principal bancada de la oposición hay diferencias palpables entre las áreas de Energía y Ambiente, que llegaron a su máxima expresión con el reciente anuncio del proyecto de movilidad sustentable, pues se estimulan las energías limpias y, al mismo tiempo, las inversiones petroleras.
La diputada cornejista Jimena Latorre advirtió sobre esta paradoja. “Los dos regímenes promocionan por el mismo tiempo, 20 años, políticas que son contradictorias, en un país donde los recursos del Estado son muy escasos y todo lo que signifique promoción a través de beneficios fiscales e impositivos tiene que estar alineado hacia un mismo horizonte”, planteó.
Según Latorre, la promoción de la movilidad sustentable se financiaría a través de la recaudación del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos), pero al mismo tiempo “el proyecto de hidrocarburos dice que la producción incremental que se pretende estimular va a pagar mucho menos ICL”.
