Carla Vizzotti fue citada a declarar como testigo por el fiscal federal Guillermo Marijuan en el marco de la investigación por la supuesta malversación de caudales públicos a través del contrato que el gobierno firmó para la provisión de vacunas con el laboratorio anglosueco AstraZeneca.
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Según consignó Clarín, la ministra de Salud fue convocada para el 7 de mayo, aunque puede responder por escrito.
Todo comenzó con una denuncia por supuesto abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública contra Alberto Fernández, el exministro Ginés González García, Vizzotti y otros dos funcionarios del ministerio de Salud.
La causa es por supuestas irregularidades en el contrato por la compra de 22,4 millones de vacunas a AstraZeneca -del cual se pagó un 60 por ciento del presupuesto acordado en 89,6 millones de dólares.
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El juez Julián Ercolini derivó la investigación en el fiscal Marijuan, quien ordenó la presentación de información y documentos sobre el cuestionado contrato por parte del ministerio de Salud y también del laboratorio argentino mAbxience, del empresario farmacéutico Hugo Sigman, quien funcionó como nexo entre el gobierno y AstraZeneca.
La denuncia de Acción Conjunta Republicana
La denuncia judicial firmada por Josefina de Elizalde, en representación del “espacio ciudadano apartidario” Acción Conjunta Republicana, menciona a la funcionaria del ministerio de Salud Sonia Tarragona.
“Las negociaciones con el laboratorio Pfizer -que quedaron truncas- fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública”, dice la denuncia.
“Por ahora investigamos si el Estado pudo haber sido víctima de una negociación con AstraZeneca que no tuvo el resultado deseado. Esto no quiere decir que luego pueda haber otros aspectos que deban ser analizados respecto del comportamiento de los funcionarios”, le dijo una fuente judicial a Clarín.