Santiago Blanco
Tras la media sanción que le dio Diputados al “impuesto a la riqueza” y lo que parece un ineludible respaldo del Senado donde domina el oficialismo, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su preocupación por el impacto de la medida y formuló ocho propuestas para reducir el universo de los que deben pagar.
La entidad empresaria dijo que el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas que cobrará la AFIP por única vez terminará incrementando la presión impositiva que “ya de por sí es muy elevada” en la Argentina. Esto mismo ya había sido advertido por la entidad el 14 de septiembre en un comunicado.
La CAC dijo que la progresividad es una característica bienvenida de los esquemas impositivos, pero pidió tener en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente, como el Impuesto sobre los Bienes Personales, que grava los mismos activos sobre los que se intenta aplicar ahora el Aporte Solidario.
“Ante las urgencias fiscales, en lugar de apelar a un nuevo impuesto, deberían buscarse alternativas superadoras, en beneficio de la inversión, la generación de empleo y el progreso económico y social del conjunto de la Nación. Esto podría incluir la reducción de ineficiencias varias en materia de gasto público, el combate a la informalidad e, incluso, en la crítica coyuntura actual, un ‘empréstito patriótico’, en dólares, con una tasa de interés mínima y varios años de repago, aplicable al pago de impuestos para asegurar su recuperabilidad para los inversores”, dijo la Cámara.
Tras ello, la CAC señaló algunas propuestas tendientes a “morigerar los efectos negativos del aporte en cuestión”:
1) Incrementar la suma exenta –originalmente fijada en $200 millones– a un monto de entre $280 y $300 millones, considerando la inflación y la variación del tipo de cambio de los últimos meses. Caso contrario, el aporte alcanzaría a muchos más contribuyentes de lo originalmente previsto.
2) Transformar el mínimo exento en un mínimo no imponible, lo que significaría una importante mejora en materia de equidad.
3) Eliminar las normas propias sobre residencia que pretenden alcanzar a sujetos que residen en otros países y que generarían un alto grado de conflictividad y judicialización de esos conflictos.
4) Suprimir el tratamiento diferencial entre activos en el país y en el exterior y eliminar la repatriación de fondos vinculada con ese tratamiento.
5) Reducir las alícuotas aplicables.
6) Gravar con una alícuota reducida (no mayor al 0,5%) las participaciones societarias y empresarias disponiendo el pago por las sociedades como responsables sustitutas, como es actualmente en el impuesto sobre los Bienes Personales.
7) Eximir los títulos públicos nacionales, provinciales y municipales y la casa habitación hasta cierto límite.
8) Disponer un plan de pago en cuotas no menor a 12 mensualidades.
En definitiva, la CAC ratificó su rechazo al aporte propuesto e hizo “un llamado a que, en caso de este se concrete su aprobación, cuanto menos se implementen correcciones que reduzcan las consecuencias adversas que generaría sobre la economía nacional”.