Juliana Argañaraz
Los trabajadores aeronáuticos rechazaron “en forma rotunda” la oferta paritaria de Aerolíneas Argentinas de 7% retroactivo a octubre.
“A 15 meses de los últimos acuerdos paritarios, la pauta ofrecida representa una clara incitación al conflicto por parte de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y el Ministerio de Transporte”, dijeron en un comunicado los gremios de pilotos (APLA), técnicos (APTA), personal de tierra (APA), jerárquicos (UPSA) y de control (ATEPSA).
Por su parte, desde la empresa que preside Pablo Ceriani dijeron que el 7% es el mejor “esfuerzo” que pueden hacer. “Es el esfuerzo que puede hacer el estado nacional, en el peor año para la industria aerocomercial del país. Estuvimos ocho meses sin facturación y sin haber afectado el poder adquisitivo de los trabajadores y conservado todos y cada uno de los puestos de trabajo”, agregaron.
El lunes, Ceriani se reunió con los titulares de los gremios, con la presencia también del jefe de gabinete del Ministerio de Transporte, Abel De Manuele, y la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, entre otros, indicó Clarín.
Además del aumento salarial, los aeronáuticos pidieron también que se fijen bandas tarifarias mínimas para evitar la competencia de las aerolíneas “low cost” Flybondi y JetSmart, y regulaciones para que esas líneas aéreas no puedan usar otros servicios de rampa que no sean de la estatal Intercargo.
Ahora tanto Flybondi como JetSmart mudaron sus operaciones al aeropuerto de Ezeiza, donde los servicios de rampa son prestados únicamente por Intercargo (con la única excepción de American Airlines y la propia Aerolíneas Argentinas).
Sin embargo, a los gremialistas no les gustó la respuesta del Gobierno. “Los funcionarios siguieron sin dar respuestas concretas a estos asuntos, lo que a esta altura resulta lisa y llanamente inexplicable”, dijeron los “Sindicatos Aeronáuticos” en un comunicado conjunto.
Y sobre la paritaria, dijeron que la oferta del 7% “está muy lejos de recomponer la pérdida de poder adquisitivo registrada”, y la calificaron como una “clara incitación al conflicto”.