Fabián “Pepín” Rodríguez Simón: Interpol lanzó una alerta roja para su detención internacional

Interpol lanzó una alerta roja para la detención internacional de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y la situación cambia a raíz de esto.

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El principal asesor jurídico del expresidente Macri continúa en Uruguay a la espera del asilo político. En Argentina su detención ya había sido pedida por la jueza María Servini, que lo investiga por presunta “extorsión”.

Por el momento Uruguay había rechazado un recurso de hábeas corpus de Rodríguez Simón, porque no había circular roja de Interpol vigente, algo que lógicamente cambió este martes.

Fuentes cercanas a la investigación que le confirmaron a Clarín la información, la alerta roja no modificará la situación de Rodríguez Simón en Uruguay, salvo que intentara salir de ese país.

“No voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad”, había manifestado el exfuncionario del macrismo en una carta reciente.

La semana pasada la justicia uruguaya había suspendido el proceso de extradición del operador judicial macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón hasta que haya una resolución firme vinculada con su pedido de refugio allí, pero a la vez dispuso que se le cierren las fronteras y le retengan todos los pasaportes para que no pueda salir de ese país.

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La decisión fue adoptada por la jueza letrada Penal Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, luego de la audiencia de debate desarrollada en Montevideo, según pudo reconstruir Télam a través de fuentes judiciales de ese país.

La semana pasada el Poder Ejecutivo uruguayo emitió algunas señales tendientes a hacer público que no tiene interés en frenar el avance del proceso a través del cual se definirá el futuro de Rodríguez Simón y, sobre todo, si es devuelto a la Argentina.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, pidió al ministro de Educación y Cultura (de quien depende Justicia), Pablo da Silveira, “tramitar en el menor tiempo posible” las acciones que conciernen al Poder Ejecutivo en el proceso de extradición, según publicó el periódico La Diaria.