Con el kirchnerista Oscar Parrilli a la cabeza, el oficialismo marcha a paso firme en el Senado con un proyecto para impedir abusos en los intereses moratorios y punitorios cobrados a los usuarios por las empresas prestadoras de luz, agua, gas, televisión por cable, telefonía móvil y fija e Internet.
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La iniciativa recibió dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías, junto con otro proyecto paralelo que también limita los intereses por mora cobrados por tarjetas de crédito bancarias y no bancarias, empresas de medicina prepaga y de seguros de cualquier rubro.
“El objetivo es la protección del usuario frente a lo que consideramos un exceso, un abuso, que significa una rentabilidad que no corresponde a la prestación del servicio”, explicó Parrilli, y agregó: “No queremos entrometernos en las facultades del Banco Central, lo que estamos dictando es una norma coherente con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Los proyectos avanzaron sin apoyo de Juntos por el Cambio y la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) advirtió que “el oficialismo apura los tiempos para aprobar esta ley aun cuando no se conoce cuál es la opinión del Poder Ejecutivo”. En efecto, el tema será uno de los primeros a tratar después del receso invernal, que durará las próximas dos semanas.
El debate se dividió en dos jornadas con la participación de invitados y, tras algunas consultas, Parrilli afinó la redacción: se aclaró que la futura ley abarcará los intereses cobrados a usuarios y consumidores particulares (no a empresas) y que no se tocarán los intereses compensatorios, sino solo los moratorios y punitorios.
El senador kirchnerista concedió algunos cambios y desechó otros: quitó las cuotas de la educación privada, que estaban incluidas en la propuesta original, pero rechazó excluir a las tarjetas de crédito no bancarias, como pidió un representante del sector, Norberto Etchegoyen. “Analizamos los números y vimos que no estamos afectando el negocio de esas tarjetas”, explicó Parrilli.
Qué dicen los proyectos
La tasa de interés por mora que deberán aplicar las empresas prestadoras en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva para depósitos a 30 días del Banco Nación. Esa tasa es del 3,0411% y, según Parrilli, “es suficiente” para garantizar la rentabilidad.
Las compañías que en los 30 días posteriores a la promulgación de la ley no adecuen su facturación a esa tasa serán sancionadas con multas, que irán de dos a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (54.432 a 653.184 pesos, a valores de julio) en el caso de los servicios públicos. Para las tarjetas de crédito, empresas de medicina prepaga y de seguro, la multa será mayor, de cuatro a 48 SMVM (108.864 a 1.306.368 pesos).
Otra modificación sustancial es que la primera fecha de vencimiento para el pago sea el día 10 de cada mes y no antes. “Muchas familias que cobran el 5, el 7 o el 8 nos decían que siempre pagan con recargo, pero no porque no quieran pagar a término, sino porque no pueden”, señaló Parrilli.
Juntos por el Cambio no firmó ningún dictamen y definirá su postura final en los próximos días, aunque Rodríguez Machado ya hizo las primeras críticas. “Esta ley es un verdadero incentivo a no pagar. Disfraza un supuesto buen propósito de aliviar la situación de los deudores, con la intención de hacer inviables a sectores de la economía ante la mora”, sostuvo.
Parrilli rechazó esa postura. “Nadie deja de pagar por deporte, porque le gusta o porque quiere, sino porque no puede. Y además nadie va a ser un no pagador permanente, porque si no paga, se le corta el servicio”, razonó el legislador, que insistió en que se busca “poner límites a un abusivo ejercicio de una posición dominante”.
El rechazo de Belocopitt
Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud, participó del primero de los dos plenarios de comisiones y, si bien reconoció que “el impacto de esta medida es un tema menor” en el sistema, advirtió: “Si creamos mecanismos que faciliten la especulación, vamos a aumentar la morosidad y vamos a aumentar costos adentro del sistema, que vamos a tener que distribuir”.
“Si incentivamos la no aplicación de intereses punitorios o tasas más elevadas para que la gente cumpla, este aumento de morosidad en el sistema puede crecer, y si crece, todo este aumento de costos se tiene que distribuir entre todos los usuarios, perjudicando a aquellos que paguen al día”, avisó el empresario, y remató: “Si están tan preocupados en bajar esta carga, hagamos la misma propuesta a la AFIP”.
Parrilli no eludió el planteo y acusó a Belocopitt de ser “un experto en reclamos, en pedirle al Estado y en tratar de demostrar que el Estado no sirve”. Aclaró que “hoy la AFIP está cobrando entre el 1% y el 2% de interés, y hasta el 3%, de manera que estamos en un 36% anual, además de todas las moratorias”. El dueño de Swiss Medical respondió: “No soy un reclamador al Estado ni mucho menos. Reclamo lo que creo que son derechos”.
