El fiscal general de la Ciudad, Juan Mahiques, dio lugar este domingo a un amparo contra la decisión del Gobierno nacional de aplazar las clases presenciales durante 15 días.
“Entiendo que correspondería hacer lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, y disponer que la continuidad de la educación presencial en los establecimientos educativos de la CABA a partir del próximo 19 de abril”, indicó ante un recurso de queja presentado en los últimos días.
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El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad dictaminó por mantener las clases presenciales y es el primer dictamen a favor de mantener las escuelas abiertas, a la espera de que la Corte se expida antes que se active el DNU que suspende las clases presenciales.
La fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales, para mantener las escuelas abiertas este lunes. Un grupo de docentes nucleados en la ONG “Abramos las Escuelas” y el espacio “Centro de Estudios de Políticas Públicas” interpusieron dos amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del DNU del presidente Alberto Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales.
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La Sala IV de Apelaciones porteña pidió la opinión de los fiscales y ahora deberá resolver. El planteo central de los amparos que analizó el MPF porteño, es la suspensión del Artículo 2 del DNU 241/2021 que firmó Alberto Fernández el jueves a la noche. Allí se ordenó la suspensión por el plazo de 15 días, de las clases de manera presencial en el AMBA.
Los camaristas Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini, pidieron la opinión del Ministerio Público Fiscal dirigido por Juan Mahiques. En el dictamen al que accedió diario “Clarín”, el MPF resolvió hacer lugar al pedido de los amparos: garantizar las escuelas abiertas este lunes, y así, anular los alcances del DNU en este aspecto.
La pelea judicial entre el Gobierno y la Ciudad comenzó el último miércoles, cuando Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases presenciales hasta el 30 de abril, entre otras medidas, para combatir la pandemia. Ante este anuncio, la Ciudad rechazó la medida y se abrió una disputa legal para frenarla en las escuelas porteñas.
