El Gobierno de Estados Unidos emitió el informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2020, en el que advirtió que en Argentina hubo funcionarios que “participaron en prácticas corruptas con impunidad”.
“La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios; no obstante, múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley”, dice el documento del Departamento de Estado norteamericano, publicado por TN.
“Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción” por parte del gobierno de Alberto Fernández, agrega el informe, que fue presentado por el secretario de Estado Antony Blinken.
En cuanto a la corrupción, el informe cita las investigaciones “contra figuras políticas en ejercicio y ex de alto rango, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri”.
Así, menciona la causa de los cuadernos de la coimas y señala que la expresidenta y otras 52 personas “fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015”. Continúa: “Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160 millones. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre”.
En cuanto a Mauricio Macri, se lo menciona en la investigación del espionaje ilegal durante su Gobierno.
El informe hace referencia también al exministro de Planificación Julio De Vido. “Condenado a cinco años y ocho meses por fraude, uso indebido de fondos y falta de supervisión relacionada con un accidente de tren en 2012 que mató a 52 personas”, dice.
El documento también indica que “la corrupción ocurrió en algunas fuerzas de seguridad”. Expresa que “los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la promoción de la prostitución. También fueron frecuentes las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales”.
Derechos humanos
En un apartado dedicado a la integridad de las personas, el texto indica que “hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”.
“El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 por uso de fuerza injustificada o excesiva por parte de la policía en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Una organización no gubernamental (ONG) nacional informó que hubo 401 muertes en 2019 a manos de las fuerzas policiales. Ambas organizaciones afirmaron que las investigaciones sobre la violencia policial y el uso de fuerza letal en la provincia fueron limitadas”, dice el documento.
También alerta que “hubo informes de desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad o en su nombre durante el año” y menciona, entre otros casos, el de Facundo Astudillo Castro, quien “desapareció el 30 de abril mientras hacía autostop aproximadamente a 120 kilómetros de su casa a Bahía Blanca, poco después de que la policía lo arrestara por violar la cuarentena COVID-19″.
Citando a la Defensoría del Pueblo Penitenciario (PPN) —organismo gubernamental independiente que monitorea las condiciones carcelarias— reporta “427 casos de tortura o maltrato en 2019. Hasta junio, había registrado 87 casos”.
“La impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad a todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos. En general, el Gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y de seguridad en todos los niveles en derechos humanos, incluso mediante capacitación en línea durante la pandemia de COVID-19″, añade.
Justicia y “manipulación política”
“La ley establece un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetaron la independencia y la imparcialidad judiciales. Según las ONG locales, los jueces de algunos tribunales penales y ordinarios federales fueron sometidos en ocasiones a manipulación política”, alerta el documento.
Y añade: “Las demoras prolongadas, los atascos procesales, las brechas prolongadas en el nombramiento de jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia general obstaculizaron el sistema judicial. La amplia discreción de los jueces sobre la realización de las investigaciones y la forma de hacerlo contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones eran arbitrarias”.
El informe resalta también que “no hubo informes de presos políticos o detenidos”.
Libertad de prensa
“La constitución establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, y el gobierno en general respetó este derecho. Una prensa independiente y un sistema político democrático se combinan para promover la libertad de expresión, incluida la prensa”, indica el informe del Departamento de Estado norteamericano.
“Los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones”, agrega, y aclara que sin embargo, “hubo informes de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento contra periodistas”.
Además, el informe asegura que el gobierno respetó la libertad en internet, la libertad de reunión y asociaciones pacíficas. En el marco de la pandemia y las medidas restrictivas, menciona las “protestas antigubernamentales a gran escala en Buenos Aires y en todo el país” que “se llevaron a cabo sin incidentes”.
