Rita Márquez
Pese a la notificación del martes para que entregara su respuesta, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini aún no remitió a la Corte Suprema de Justicia los argumentos que avalan la decisión de suspender por quince días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a la que se opuso el gobierno porteño.
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El plazo de Zannini vence el martes y a partir de entonces el máximo tribunal podrá expedirse respecto a la legalidad del DNU que abrió la discusión sobre las clases presenciales. Luego del dictamen de la procuración general de la Nación, que determinó que la Corte es competente para atender el reclamo del gobierno de la Ciudad, el máximo tribunal aceptó dar tratamiento al amparo que pone en el centro del planteo, la autonomía para determinar sobre la educación en el ámbito porteño, entendiendo que se trata de una facultad concedida por la Constitución y en el reconocimiento de la Capital Federal como jurisdicción con rango de provincia.
Cuatro de los cinco ministros de la Corte aceptaron la competencia y concluyeron que previo a dirimir la controversia entre el Estado Nacional y la Ciudad, “se sustanciará por las normas del proceso sumarísimo, por el plazo de cinco días”. Ese plazo es el que rige desde el martes para que el procurador del Tesoro Carlos Zannini tiene lo que resta de esta semana para oponer sus argumentos al reclamo de su par porteño Gabriel Astarloa, quien objetó el cierre de las escuelas de la ciudad por considerarlo una decisión “inconstitucional”, “arbitraria” e “irrazonable”.
El amparo se basó en tres ejes: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, la violación al principio de razonabilidad y la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.
El Estado “ha decidido agotar los plazos“, analizaron fuentes del gobierno porteño, según informó diario “Clarín. Una vez que el Procurador del Tesoro formule sus argumentos empiezan a correr los plazos, todos cada vez más cerca del vencimiento del decreto presidencial.
En tal instancia, la Corte deberá evaluar la contestación del Estado Nacional, y después, de acuerdo al procedimiento, debería volver a pedir la opinión de la Procuración General de la Nación a cargo de Eduardo Casal, que tendría que emitir un dictamen -que no es vinculante- antes de emitir una resolución final. Si la Corte emite un fallo pese a estar cerca del vencimiento del DNU “aplicará para adelante, y eso no es menor “, sostuvieron fuentes de la Ciudad.