El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó ayer la falta de mérito para varios empresarios y estableció procesamientos para muchos de los exfuncionarios investigados en la causa en la que se trata de determinar si existieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de sus socios locales para acceder a la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
En la nómina de los imputados que recibieron la falta de mérito se destacan los nombres del extitular de Iecsa Angelo Calcaterra y Jorge "Corcho" Rodríguez, entre otros. "No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas", planteó el magistrado en su reciente fallo.
Por otra parte, Martínez De Giorgi procesó a los detenidos exministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta y José López por presunto "incumplimiento de deberes de funcionario público". Además, les estableció embargos por 8 millones de pesos.
El juez también procesó por negociaciones incompatibles al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, y en sus casos se les sumó el delito de dádivas con embargos de diez millones de pesos.
Por esta última figura quedaron procesados además Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, con embargos de cinco millones de pesos.
"Se reunieron elementos que dan cuenta de la existencia de dádivas" por parte de esos integrantes de las firmas, sostuvo el juez.
Martínez De Giorgi investiga si existieron irregularidades en la licitación para adjudicar las obras del soterramiento del tren Sarmiento en vinculación a la Unión Transitoria de Empresas que formaron las empresas Iecsa SA, Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella SA y Comsa SA.
Para el magistrado aún no se pudo determinar si hubo pago de sobornos, y por ello ordenó profundizar la investigación.
Martínez De Giorgi sí dio por probado que "funcionarios públicos de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, responsables, en razón de su cargo, del proceso licitatorio y la ejecución de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en el período investigado, dirigieron su accionar en sus diferentes etapas, en miras de beneficiar a las firmas" del consorcio empresario.
"Todo ello bajo la órbita y el amparo de Julio De Vido, por entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, y Roberto Baratta, quien se desempeñaba como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión" del organismo.
Por ello, todos quedaron procesados por presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública".