El fiscal federal Gerardo Pollicita opinó a favor de rechazar el planteo de la empresa Correo Argentino SA, vinculada a la familia presidencial, de cerrar el caso bajo el argumento de "inexistencia de delito". Pollicita se manifestó a favor de que continúe la acción penal y el proceso de indagatorias ya iniciado. El 28 de marzo pasado fue indagado el ministro de Defensa Oscar Aguad, en la causa penal donde está en cuestión la quita del 98,87 por ciento de la deuda de Correo Argentino SA acordada con el Gobierno de Mauricio Macri.
“Más allá de que el acuerdo no haya sido calificado como 'abusivo' por parte del juez, lo cierto es que, conforme los argumentos desarrollados por esta Fiscalía y receptados por el juez Ariel Lijo, se verificó que en el contexto de un procedimiento concursal no carente de irregularidades existió un accionar por parte de los representantes del Estado Nacional que estuvo dirigido a beneficiar a una empresa privada (CASA) e importaba un claro y abultado perjuicio para los intereses públicos comprometidos”, dijo Pollicita en su dictamen.
En junio de 2016, el Estado nacional había acordado con la empresa Correo Argentino SA una quita que fue rechazada en aquel momento por la fiscal del fuero concursal, Gabriela Boquín, al considerar el acuerdo como "abusivo y ruinoso" y "perjudicial para la administración pública".
El Grupo Macri ganó la concesión del correo en 1997 pero en 2003 el contrato fue rescindido por el gobierno de Néstor Kirchner, que acusó a la empresa de haber pagado el cánon solo en el primer año de gestión.
El titular de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la empresa, Jaime Kleidermarcher, pidieron cerrar la causa, bajo el argumento de que existe una "finalidad política" detrás del dictamen oportunamente emitido por Boquín en la justicia comercial, y que después tomó Pollicita ya en el expediente que se tramita en la justicia federal.
La empresa rechaza la suma de más de 70 mil millones de pesos, que según la fiscal Boquín, representa la actualización de la quita aceptada por el Estado nacional en el concurso preventivo.
La defensa de Correo Argentino SA para pedir que se cierre la causa penal se basó en un informe encargado al estudio Mc Ewan, Roberts, Domínguez y Carassai, que indicó que a junio de 2016, la cifra por los cánones adeudados ronda los 600 millones de pesos, por lo que la quita que había aceptado el Estado nacional rondaría el 50 por ciento y no el 98,87 por ciento calculado por la fiscal Boquín. La deuda original de la empresa con el Estado era de 300 millones de pesos.
El fiscal Pollicita defendió las indagatorias llamadas por el juez federal Ariel Lijo y calificó el accionar de la defensa de Correo Argentino SA de “obscena maniobra política”.
“Los números introducidos por la defensa en su presentación surgen de actualizar el valor del crédito verificado al día del acuerdo y están absolutamente desconectados de las ‘condiciones’ del concordato, en la medida que no contemplan el diferimiento del pago que debía soportar el Estado Nacional, pues la cancelación de la deuda se hubiese completado recién en 2033, es decir, diecisiete años después de cerrado el acuerdo cuestionado, con el agregado de que el 80 por ciento del capital se pagaría en los últimos años”, sostuvo el fiscal Pollicita, al avalar que continúe la causa penal.
El jueves pasado, la fiscal Boquin denunció ante la Cámara Comercial "manejos irregularidades de fondos" de la empresa quebrada Correo Argentino SA. Según la fiscal, se pagaron unos 35 millones de pesos a estudios jurídicos, consultoras y agencias de publicidad, relacionadas con funcionarios del gobierno. Entre los beneficiados por los pagos, la fiscal nombró al estudio jurídico del diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, y también a Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la Presidencia. Los pagos habrían sido hecho en concepto de asesoramiento en el marco del expediente tramitado en el concurso de acreedores.
El análisis de los libros contables de la empresa, llevó a la fiscal Boquin a pedir que se investigue a Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y exministro de Modernización. Ibarra fue director y apoderado del Correo Argentino (también fue dirigente de Boca Juniors) y participó después de la designación de representantes legales del Estado en la causa Correo Argentino.
Para la fiscal Boquin, estos pagos implican el vaciamiento de la empresa.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires.