El Senado mandó de nuevo a discutir en comisiones el proyecto que permite que las empresas privadas financien las campañas electorales.


La iniciativa, como había sido acordada hace un mes, iba a ser aprobada en la sesión que se realizó hoy. Sin embargo, como las diferencias sobre el texto no habían sido subsanadas, corría el riesgo de no ser aprobada con la mayoría especial que requieren las leyes electorales: la mitad más uno de los integrantes del cuerpo, es decir 37 votos sobre un total de 72, sin importar las ausencias.

Esta tarde volverá a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia para seguir deliberando sobre la redacción del proyecto, y con el fin de emitir un dictamen que quede listo para ser debatido en una sesión a realizarse el miércoles 10 de abril.

Tras pedir formalmente la vuelta a comisiones del proyecto, lo que fue convalidado a mano alzada por el pleno del Senado, el jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, señaló que es necesario “dar un debate de fondo sobre si el financiamiento tiene que ser estatal o si tiene que haber participación privada“, pero de lo que sí están convencidos, según dijo, “es de que no tiene que haber financiamiento ilegal, ni tampoco del narcotráfico”.

“El alcance de los acuerdos está muy avanzado, lo que requerimos es un dictamen de las tres comisiones para poder imprimir el dictamen de mayoría. La intención nuestra es sesionar el 10 de abril con este tema y otros temas de mujer y de la agenda del Senado. La Argentina necesita una ley de financiamiento político. Lo que no podemos hacer es bajar al recinto con 20 modificaciones, en donde no nos pongamos de acuerdo y todo termine mal”, dijo el senador por Río Negro.

Pretensiones

El presidente Mauricio Macri y también el justicialismo quieren que para la campaña electoral de este año esté en vigor la posibilidad de que las empresas privadas realicen aportes económicos. Consideran que la ley es necesaria para blanquear los aportes privados a los partidos y frentes para sus gastos de campaña, sobre todo un año después de que estallaron las causas judiciales de los cuadernos de las coimas durante el kirchnerismo y de los aportantes truchos a la campaña de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El texto acordado hasta ahora permite que cada empresa privada realice aportes económicos por hasta el 2% de lo que la Justicia le permite gastar a cada partido político o frente electoral. Además, estos aportes deberán realizarse sí o sí a través de transferencias bancarias y no por efectivo, con el fin de que todo el financiamiento sea tasable.

Otra novedad es que los espacios de publicidad que la televisión y la radio están obligadas a ceder a la Dirección Nacional Electoral se reducen del 10% al 5%.






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