La Cámara Federal porteña rechazó la declaración de incompetencia que hizo el juez Marcelo Martínez De Giorgi y le ordenó que avance en su investigación sobre posibles sobornos que habrían dado el Grupo Odebrecht y sus socios para obtener las obras del soterramiento del tren Sarmiento.
Además, la Cámara de Apelaciones instó a De Giorgi a resolver la situación procesal de casi cincuenta indagados en la causa, entre ellos, los detenidos Julio De Vido (exministro de Planificación); José López (exsecretario de Obras Públicas) y Ricardo Jaime (de Transporte), y el primo del presidente Mauricio Macri y extitular de Iecsa, Angelo Calcaterra.
El juez De Giorgi se había declarado parcialmente incompetente, y enviado parte de la investigación a la justicia penal económica. Pero ahora, el Tribunal de Apelaciones que preside el juez Martín Irurzun, revocó esa decisión tal como recomendaron la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, y el fiscal del caso, Franco Picardi.
La investigación que el juez De Giorgi había querido delegar era sobre una transferencia de la Unión transitoria de empresas (UTE que integraron la brasileña Odebrecht y las empresas Ghella, Comsa e Iecsa) a favor de una empresa española y que fue denunciada por la AFIP.
Según el fallo de Irurzun, se trata de "una maniobra en la que, durante los años 2011 y 2012, habría incurrido la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, reflejada en las transferencias efectuadas a través de la Banca Privada de Andorra por un total de US$ 4.495.250, a favor de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A.".
A raíz de ello deben investigarse "posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos por parte del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o de otras reparticiones".
"El contexto y período temporal de las transacciones, los actores involucrados y las evidencias hasta ahora reunidas en el sumario -de acuerdo con las imputaciones efectuadas en los actos de indagatoria- demuestran la íntima vinculación entre las operaciones" reseñadas en la denuncia de AFIP y el soterramiento del tren Sarmiento. Además, advirtió que "no puede perderse de vista que los sucesos denunciados por la AFIP dan cuenta a priori del complejo sistema utilizado para efectuar pagos que se presumen espurios mediante contratos simulados, giros de dinero al exterior y un sistema de transferencias tendiente a dificultar la trazabilidad del dinero".
Por ello, se ordenó al juez investigar también estos hechos junto a la causa por el soterramiento en la que actualmente está por concluir una ronda de medio centenar de declaraciones indagatorias, iniciada el año pasado.