Carrió concretó en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra Lorenzetti

La diputada Elisa Carrió concretó en la Cámara baja, el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones".

La presentación fue realizada a través de un escrito de 48 páginas en los que fundamenta acusaciones por mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos por parte de Lorenzetti. Además considera que el titular de la Corte no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce.

Carrió sostiene en el proyecto de resolución que "el inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia".

Como posibles causales para la destitución de Lorenzetti, vía juicio político, Carrió cita "el aparato de inteligencia paralelo que está construyendo a través del sistema de escuchas, de peritos y a través de la nueva asistencia judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado" que "queda a cargo de personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el Presidente de la Corte".

También la diputada menciona el supuesto "manejo discrecional de los bienes decomisados en manos de la Corte a costa de la lucha contra el narcotráfico", que se utilizarían "para gastos" del tribunal y habla de "sombríos intereses en la provincia de Salta" de Lorenzetti.

Por otra parte, el pedido de juicio político analiza la relación entre Lorenzetti y el juez Raúl Reynoso, procesado en diciembre de 2015 por la justicia por haber beneficiado a narcotraficantes, pero quien, recuerda, "dos meses antes, en octubre de 2015" había conformado la comisión judicial de lucha contra el narcotráfico que armó el titular de la Corte.

Carrió, quien viene denunciando públicamente a Lorenzetti desde tiempo atrás, argumenta a su vez irregularidades en contrataciones de la Corte; manejo irregular y discrecional de la obra social; irregularidades e inconsistencias en la formulación y ejecución del presupuesto y ausencia de los deberes éticos por "la designación y asignación arbitraria del personal".