El presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía Juan José Aranguren fueron imputados en una causa que busca investigar si el aumento de tarifas en el servicio del gas del año pasado buscó favorecer a empresarios del rubro energético, entre los cuales estaba Nicolás Caputo.
La investigación apunta a determinar si el incremento tarifario de gas implicó un fraude al Estado o bien pago de sobornos a funcionarios públicos para que dieran el aval en los aumentos.
La orientación de la investigación penal surgió de notas periodísticas que señalaban que socios y amigos de Macri habían comprado empresas de electricidad y gas, y apuntaron a Nicolás Caputo, a través de la firma Central Puerto; y a Jhon Lewis y Marcelo Mindlin, por acciones de Petrobras.
Los investigadores de la Procuraduría también mantuvieron sospechas porque ese aumento se hizo sin que mediara una audiencia pública, lo cual -sostuvieron- no fue un simple "error técnico".