Un decenio después del lanzamiento del fallido "tren bala", un proyecto que demandaría una inversión de u$d 4.000 millones y que uniría el corredor Buenos Aires-Rosario-Córdoba, la Justicia analiza presuntas irregularidades en el proceso de licitación en el que fue adjudicado el consorcio Veloxia, que integraron el grupo francés Alstom y empresas locales.
El fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, a cargo de Patricio Evers, los resultados de un proceso de análisis sobre esa licitación.
Rodríguez alertó en su escrito sobre la posible violación de diversos artículos de la Ley 13.064 de Obras Públicas y acerca de otras anomalías en la contratación de las obras de electrificación integral, civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones, y provisión de material rodante para el abortado servicio ferroviario de alta velocidad.
Esos desvíos le permitieron a la PIA inferir un posible direccionamiento en favor del consorcio conformado por Alstom Transport S.A., Alstom Transporte S.A., Alstom Argentina S.A., Grupo Isolux Corsan S.A. (de España), Iecsa S.A. y Emepa S.A., según la información a la que accedió Télam.
Al anunciarse el mega proyecto en abril de 2006 se indicó que los trenes de alta velocidad partirían desde la estación Retiro, llegarían a Rosario en 85 minutos a una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora y, desde allí, hasta Córdoba se calculaban otros 90 minutos.
El contrato con Veloxia se firmó en abril de 2008 y se calculaba entonces un plazo de ejecución de 36 meses y un coste aproximado de u$s 4.000 millones.
El fiscal Rodríguez destacó en su presentación que el llamado a licitación no habría cumplido con lo establecido en los artículos 4 y 7 de la Ley N°13.064, que exigen la existencia de un proyecto, presupuesto y crédito legal previo al llamado.
Se habría omitido también el cumplimiento de la publicidad exigida, tanto del llamado a licitación como de las resoluciones que modificaron las fechas de apertura de las ofertas técnicas, mientras otro punto indica que sería nula la designación del Comité de Evaluación efectuada por el entonces secretario de Transporte (Ricardo Jaime, hoy detenido en el penal de Ezeiza), por carecer de competencia delegada para tal acto.
El titular de la Procuraduría indicó además que la oferta presentada por el consorcio empresario sufrió una modificación sustancial, luego de adjudicada la obra.
Concretamente, se reemplazó la entidad bancaria interviniente y la estructura financiera inicialmente prevista, lo que importaría "una clara vulneración al principio de igualdad, competencia y concurrencia que rigen las contrataciones públicas".
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se avance en la investigación de la participación que le cupo a miembros de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la empresa Systra y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, entidades que participaron en el procedimiento licitatorio a través de informes y observaciones que fueron tenidas en cuenta por la Comisión de Evaluación al aconsejar la adjudicación de la obra al grupo empresario.
Rodríguez destacó particularmente la "vulneración del principio de concurrencia, inconsistencias en materia presupuestaria y la excesiva celeridad otorgada al proceso licitatorio, lo que no se condeciría con la envergadura de la contratación".
El fiscal apuntó igualmente contra la sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato por una mera caución juratoria y cuestionó del mismo modo el otorgamiento de prórrogas para la entrada en vigencia del contrato de obra pública, en contraposición con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado.
El informe se emitió para su consideración en el marco de la causa N° 7030/2008, caratulada "NN s/defraudación contra la administración pública", que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Secretaría N° 17.
La Procuración de Investigaciones Administrativas informó que se hará una presentación ante el Procurador del Tesoro de la Nación, a fin de que se adopten las medidas necesarias para hacer cesar la "situación de incertidumbre" que mantiene el Estado respecto de la vigencia del contrato y la posibilidad de afrontar eventuales reclamos del grupo Alstom.