Horacio Serafini
El ministro de Defensa, Oscar Aguad, tendrá que declarar el 28 de febrero próximo ante la justicia federal como imputado por su presunta responsabilidad cuando era titular de Comunicaciones en el acuerdo entre la empresa Correo Argentino propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri con el Estado por una deuda multimillonaria.
Aguad fue citado como sospechoso por el juez federal Ariel Lijo un día después de la solicitud que en ese sentido le hizo el fiscal Gerardo Pollicita, al igual que tendrá que hacerlo antes, el 19 de febrero, Juan Mocoroa, entonces director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de comunicaciones, informaron este mediodía fuentes judiciales. También fueron citados el ex presidente del directorio del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa, y el letrado patrocinante, Jaime Kleidermacher.
Tanto Aguad, quien fue designado ministro de Comunicaciones apenas asumió el presidente Macri en diciembre de 2015, como Mocoroa, están acusados por el fiscal del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública".
La causa se abrió en febrero de 2017 a partir de una denuncia donde se refirió que en la audiencia celebrada el 28 de junio de 2016, en el marco del concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A., habría tenido lugar un acuerdo de pago perjudicial para el patrimonio público, pues las condiciones de la oferta aceptada importaban una quita de $70.163.910.895 del crédito que el Estado tenía contra la empresa concursada.
En su pedido, el fiscal consideró que se encuentran reunidos los elementos de prueba necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa, que existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones de la Nación y Correo Argentino S.A. fue espuriamente concebido.
También señaló que el acuerdo buscó beneficiar a la empresa concursada, comprometió abusivamente al Estado Nacional, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces, negado desde aproximadamente quince años.
Según ese acuerdo, el Estado “aceptaba sufrir una quita -de la deuda- que ascendía al 98,87% del valor real de la misma, es decir que el valor de lo suprimido en pesos al mes de febrero de 2017 era de $4.656.446.266,20; y el cálculo de valor presente del saldo de quita al mes de marzo de 2033 –cuando finalizaba el plan de pagos acordado- era de $70.163.910.895,30”.
“Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público, omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios y acordó con los representantes de Correo Argentino S.A. una quita abusiva del crédito verificado por el Estado Nacional”, fundamentó el fiscal. Para eso, agregó, Aguad contó el aporte de Mocoroa, quien era el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones de la Nación.