El Senado se encamina a aprobar la semana próxima el proyecto pretendido por la Casa Rosada que permite que las empresas privadas financien las campañas electorales, lo que hoy está expresamente prohibido. Sin embargo, para que Diputados lo convierta en ley habría que esperar hasta marzo.
Según pudo saber VíaPaís, los senadores de Cambiemos y del peronismo ya están abocados a trabajar un texto de consenso, que combine el dictamen favorable de las comisiones de de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, firmado a principios de este mes, con la propuesta del Poder Ejecutivo.
En principio, las diferencias entre ambos textos no son importantes y habría una cantidad de votos suficientes para la media sanción.
Como se trata de una ley electoral, para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de los votos, es decir 37, que es la mitad más uno de los miembros del cuerpo.
Cambiemos y la oposición quieren la ley para ahuyentar los fantasmas de una campaña sin aportes por el caso de los cuadernos de las coimas, como consecuencia del cual varios hombres de negocios desfilaron por los tribunales, y con la amenaza latente de que algún día explote el capítulo argentino del caso Odebrecht.
"Estamos proponiendo un sistema similar al de Estados Unidos, que está probado que funciona muy bien. La ley es necesaria: hay que poder justificar que las empresas son las que sostienen, desde el punto de vista económico, el sistema democrático", dijo en diálogo con este diario el senador cordobés Ernesto Martínez (Cambiemos).
La ley actual permite a las empresas privadas realizar aportes a los partidos políticos pero solamente para su desenvolvimiento institucional, no para la campaña electoral.
Sin embargo, las compañías privadas ponen plata para las campañas desde siempre, aunque hacen figurar esos desembolsos como aportes de personas físicas individuales, a quienes la ley vigente sí les permite contribuir.
Por eso esta propuesta supone una suerte de blanqueo del financiamiento empresarial de las campañas electorales.
En este sentido, el proyecto de ley también establece que los aportes deberán estar bancarizados, de modo que se sepa quiénes son las compañías que ponen plata.
Opositora interna
La ley es pretendida por el peronismo, el kirchnerismo, el massismo y también Cambiemos, excepto por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien considera que es únicamente el Estado el que debe financiar las campañas electorales y que debe seguir rigiendo la prohibición para las empresas privadas.
Por eso una media sanción del Senado, fruto de un acuerdo multipartidario sobre un proyecto que además reunió el consenso y los aportes de expertos, le daría fortaleza al radicalismo y al macrismo para pararse frente a Carrió.
La diputada oficialista salió con los tapones de punta en Twitter hace unos días: "Voy a votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo con la doctrina histórica de la CC-ARI, porque esto es lo que permite mantener la independencia para defender al pueblo”.
En Cambiemos están indignados por la postura rupturista de Lilita, a quien tildan de demagoga: un senador dijo que "como hace campaña gratis en Clarín y en TN, rechaza el financiamiento privado, pero a la hora de recibir miles de pesos por canjear los pasajes que no usa por vivir en Buenos Aires, es la número uno".
Detalles
El proyecto ya dictaminado en el Senado, que a grandes rasgos coincide con el propuesto por el Poder Ejecutivo, habilita a las empresas privadas realizar aportes de campaña por hasta el 5% del total de gastos permitido por la Cámara Nacional Electoral (CNE) a cada partido político.
Por ejemplo, si la CNE autorizó al Partido Equis un gasto de 100 mil pesos, la Empresa Equis no podrá aportar más de 5 mil pesos. Y esta agrupación podrá recibir hasta 20 desembolsos similares de compañías privadas.
La CNE actualiza cada año el monto máximo de gastos para cada partido sobre la base de los votos que haya cosechado anteriormente.
No todas las organizaciones privadas podrán realizar aportes a las campañas: el proyecto mantiene la prohibición para sindicatos, concesionarias de servicios públicos, contratistas de la Nación y/o de las provincias; y firmas de juegos de azar, entre otras.
Por otra parte, el proyecto reduce del 10% al 5% el espacio que los medios de comunicación deben ceder a los partidos políticos en publicidad electoral audiovisual.