Pese a que ganó la elección de medio término con lo que consiguió aumentar considerablemente su cantidad de bancas en el Congreso, en los tres últimos años Cambiemos ha ido disminuyendo notablemente su fortaleza parlamentaria y su capacidad de negociar y aprobar leyes.
Mientras en 2016, el primer año de gestión de Mauricio Macri, se produjeron importantes acuerdos con la oposición para sanción de leyes clave, como la del pago a los holdouts o la de Reparación Histórica a los jubilados, 2017 fue un año de menor producción que, para colmo, terminó con las relaciones lesionadas debido a la caótica sanción de la reforma previsional; y 2018 directamente fue un año de pésimo clima político y muy baja producción.
En efecto, este año el Congreso sancionó apenas 36 leyes, lo que significa el peor registro del parlamento argentino desde la vuelta de la democracia.
En este sentido, en 2017 se dio sanción definitiva a 75 proyectos de ley y en 2016, a 96. La decadencia en la producción legislativa se corresponde, por un lado, con la situación de minoría en ambas cámaras de Cambiemos, que depende al cien por cien del peronismo dialoguista para la sanción de leyes, y por el otro, con la crisis económica y la caída de la imagen presidencial.
Con un gobierno debilitado políticamente a los oficialismos se les vuelve muy difícil discutir leyes con la oposición, que a su vez aprovecha cada sesión como vidriera para lucirse y golpear.
En Diputados, por caso, este año solamente se realizaron seis sesiones ordinarias y dos extraordinarias, una producción muy pobre si se la compara con 2017, cuando se realizaron 10 ordinarias y tres extraordinarias, y 2016, cuando se hicieron 16 ordinarias y tres extraordinarias.
En el Senado, a su vez, se hicieron este año 10 sesiones ordinarias y todo parece indicar que solamente realizarán una sesión extraordinaria, el próximo miércoles 12.
En 2017 la Cámara Alta realizó 14 sesiones ordinarias y una extraordinaria, mientras que en 2016 fueron 19 ordinarias y 2 extraordinarias.
Parálisis Este año, el debate sobre aborto legal dominó la actividad legislativa entre abril y agosto, pero después la crisis económica directamente la paralizó.
El pedido de auxilio financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo que los esfuerzos de los líderes parlamentarios de ambas cámaras estuvieran concentrados en la aprobación del Presupuesto 2019.
Por ese motivo, Diputados estuvo más de tres meses sin debatir proyectos en sesión. Y en el Senado varias leyes han quedado pendientes de tratar.
Por ejemplo, la Cámara Alta guardó en el último cajón la designación del defensor del pueblo de la Nación, cargo que se encuentra vacante desde hace casi una década, y tampoco trató el pliego del presidente del Banco Central, Guido Sandleris (designado en comisión).
Además, por el desinterés manifiesto del peronismo, sin cuyo apoyo no se puede aprobar ni una sola ley, el Senado tampoco se pronunció sobre el pliego de la designada procuradora general de la Nación Inés Weinberg de Roca. Para su aprobación se requieren los dos tercios de los votos de los presentes, al igual que para el ombudsman.
En Diputados, varias iniciativas también quedaron durmiendo el sueño de los justos. Por ejemplo, la famosa ley de extinción de dominio o la ley que obliga a los jueces a pagar Ganancias, además de la nueva ley de medios, la ampliación de las licencias laborales y la nueva ley de alquileres.
Tan dificultoso es lograr acuerdos que el propio Presidente pidió específicamente la sanción de dos leyes y el Congreso finalmente no llegó a aprobar: la que castiga conductas delictivas de los barrabravas y la que permite que las empresas privadas puedan financiar las campañas electorales, lo que está hoy expresamente prohibido.
La mayoría de los diputados y senadores coinciden en afirmar que si este año fue difícil para legislar el 2019 electoral y de renovación del mandato presidencial lo será aún más.