El único órgano que puede establecer eximiciones de culpabilidad o de punibilidad penal es el Congreso de la Nación, mediante una ley. Y hoy, dentro de ese marco, rige el Código Penal que establece como una de las causales de eximición de pena o de la persecución penal, la legítima defensa tanto propia como de los derechos de terceros. Indica que la legítima defensa se da solamente cuando la respuesta es mediante un medio razonable y proporcional.
Entonces, en cada supuesto que se use un arma de fuego se va a analizar si la respuesta fue razonable y proporcional, más allá de lo que diga este reglamento.
Este nuevo instructivo no puede modificar una ley. Instruye a las fuerzas de seguridad a utilizar sus armas de determinada manera, pero eso no elimina las responsabilidades penales. Por el contrario, existirá una revisión judicial posterior que analizará, más allá de lo que diga el reglamento, si el medio utilizado fue razonable y proporcional, o no.
Desde un punto de vista formal, es inconstitucional, porque el Poder Ejecutivo no puede establecer eximiciones de conducta penal sino que debe hacerlo el Poder Legislativo.
El manual no exime de responsabilidades, por ejemplo, a un agente que dispare contra alguien que está huyendo y lo mate. Tendrá que demostrar ante la Justicia que esa persona generaba un peligro para su vida o para los demás.