El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó hoy que "no está asegurado el financiamiento" para las obras de Participación Público Privada (PPP) y remarcó que "hay que trabajarlo" para asistir a las empresas que quedaron a esos proyectos.
"No está asegurado el financiamiento para las PPP, hay que trabajarlo", reconoció el funcionario nacional durante una conversación que mantuvo con periodistas en el marco de la cumbre presidencial del Grupo de los 20 (G20) que se realiza en Buenos Aires.
Al respecto, el titular de la cartera de Transporte destacó que se mantienen intensas gestiones para conseguir en China líneas de financiamiento para avanzar con las obras del Ferrocarril San Martín cargas, que une Buenos Aires con Mendoza, y representa una vía clave para facilitar la exportación de los productos de la provincia andina. Esa obra demanda una inversión total de 1089 millones de dólares.
Dietrich lamentó la actualidad del sistema ferroviario de cargas en el país porque, recordó, la Argentina llegó a tener "el récord de red de vías respecto del PBI per cápita en todo el mundo". Sin embargo, describió que "hoy es uno de los países que menos producción transporta a través de sus trenes por los años de desinversión".
El ministro de Trabajo se refirió a las gestiones que llevan adelante el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Francisco "Pancho" Cabrera, y el secretario de Participación Público Privada (PPP), José Luis Morea, para allanar el camino del financiamiento necesario para las obras que ya se concesionaron.
"Pancho Cabrera está tomando mucho protagonismo para el acceso al financiamiento", dijo el ministro y agregó que hay 3.000 kilómetros de rutas previstas para construir y mejorar a través de este sistema.
Dietrich precisó que las empresas concesionarias de los seis corredores viales ya adjudicados empezaron a trabajar en agosto y desde entonces tienen 12 meses para completar el financiamiento de la primera etapa. "No tenemos dudas sobre cómo va a ir evolucionando esto", apostó.
Aclaró que si las empresas no logran obtener el financiamiento para las obras al cabo de los 12 meses, se activa el pago de una garantía de 100 millones de dólares al Estado argentino.