A pocos días del comienzo del G20, Human Rights Watch le pidió al juez federal Ariel Lijo que cuando Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudita, pise suelo argentino, sea detenido por el crimen del periodista saudí Jamal Khashoggi.
Así lo revelaron fuentes judiciales a Clarín. Según esta versión, el juez remitió la denuncia al fiscal Ramiro Gonzalez para que dictamine si es jurisdicción argentina un asesinato cometido en el consultado saudita en Turquía.
Mohamed bin Salmán vendrá a la Argentina como cabeza de la delegación saudí que participará del G20 y podría ocurrir que se reúna con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por primera vez desde la muerte de Khashoggi.
En tanto, la policía turca registró el lunes las mansiones de dos empresarios saudíes en Estambul, donde se sospecha que podría haber sido enterrado el cadáver del periodista disidente tras su asesinato en el consulado de la ciudad turca.
La agencia de noticias estatal turca Anadolu informó del registro de las mansiones situadas en la provincia de Yalova con ayuda de perros rastreadores y drones. La policía vació además dos fuentes del jardín con ayuda de los bomberos. La Fiscalía general de Estambul justifica el registro, según Anadolu, por una conversación telefónica producida antes del asesinato del disidente saudí a comienzos de octubre, en la que un sospechoso llamó a un saudí que vivía allí.
El diario "Yeni Safak", cercano al Gobierno, informó que los investigadores sospechan que el cadáver de Khashoggi está allí. Las autoridades turcas ya habían registrado un edificio en Yalova en octubre.
El periodista crítico con la Casa Real saudí fue asesinado el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul, donde había acudido a recoger unos documentos para poder casarse con su novia turca, sin que haya rastro de su cadáver.
Tras una fuerte presión internacional, Arabia Saudita acabó reconociendo que el asesinato fue ejecutado por un comando de su país, asegurando sin embargo que la orden no fue dada por la Casa Real.
El Gobierno turco lleva semanas dando detalles sobre el caso a través de medios cercanos al Gobierno y apuntando a altas instancias de la monarquía del Golfo. Asegura que tiene grabaciones de audio de dentro del edificio que entregó a algunos países. Pero casi ninguna información se pudo verificar de forma independiente.