"Era empresario". Esta fue la respuesta de Lázaro Báez a la pregunta sobre su ocupación que le hizo uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 4. El formalismo se cumplió en la segunda audiencia del juicio sobre el caso que mediáticamente fue bautizado "la ruta del dinero K". Báez, sus cuatro hijos, el financista Federico Elaskar, y el verborrágico lobista, Leonaro Fariña, están entre los 25 acusados de haber participado en presuntas maniobras de "lavado de dinero". Según la fiscalía, mediante la compra de autos de lujo, propiedades y operaciones financieras, se habrían lavado unos 60 millones de dólares.
Al igual que el miércoles pasado, cuando se leyeron los cargos contra los acusados, la segunda audiencia transcurrió mayormente entre formalismos. Lázaro Báez, por ejemplo, declaró haber nacido el 11 de febrero de 1956, en General Paz, Corrientes, y dijo estar divorciado.
Báez, en los hechos, vio interrumpida sus actividades empresariales en abril de 2016, cuando después de aterrizar en el aeropuerto de Palomar en vuelo privado (había viajado desde Santa Cruz para presentarse al día siguiente a declarar ante la justicia), fue detenido por orden judicial.
El empresario, al igual que sus hijos y la mayoría de los acusados, se negó a declarar. Fariña, quien durante la anterior etapa judicial declaró como "arrepentido", prometió hablar en las audiencias finales.
Báez fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py desde la cárcel de Ezeiza, junto al contador Pérez Gadin. Llegaron en una camioneta del Servicio Penitenciario Federal, en la que podía leerse: “Vehículo recuperado de la corrupción”. Según fuentes judiciales, la camioneta que utiliza el Estado perteneció al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, detenido en una causa por corrupción. Medina, vale aclarar, pese a la expropiación de su vehículo, aún no fue condenado.
El tribunal integrado por los jueces Costabel, María López Iñíguez y Adriana Palliotti, rechazó los planteos de nulidad que las defensas elevaron la semana pasada, en la primera audiencia del juicio.
La defensa de Báez solicitó que Fariña (quien dijo ser “empresario” cuando se le preguntó por su ocupación) sea apartado del programa de protección de testigos e imputados y se pidió que declare bajo juramento de decir verdad. El Tribunal deberá decidir el planteo en los próximos días.
Federio Elaskar, dueño de la financiera SGI (distintos medios la bautizaron "La Rosadita"), aceptó declarar y lo hará en la audiencia del 21 de noviembre. Elaskar, como Fariña, tuvo su momento mediático en2013, cuando fue entrevistado por el programa televisivo PPT.
La fiscalía apunta a demostrar en el juicio que Báez fue beneficiado con contratos de obras públicas durante los tres gobiernos kirchneristas.
Si bien Austral Construcciones lideró en Santa Cruz las empresas contratistas de obra pública, en un ránking nacional publicado en 2015, la empresa de Lázaro Báez ocupó el puesto 36, lejos del podio integrado por Techint, IECSA (holding que perteneció a la familia Macri) y Electroingeniería.
Se estima que el juicio podría extenderse varios meses, en los que deberán declarar más de 90 testigos. Según cálculos judiciales, hay 1.355 bienes embargados (entre ellos, maquinarias viales y dos aviones) a los imputados. De acuerdo a cómo falle el tribunal, esos bienes, finalizado el juicio, serán definitivamente decomisados o bine, serán restituidos a sus dueños de resultar inocentes.
Lázaro Báez deberá afrontar otros juicios orales en 2019 (causas “Hotesur” y “Los Sauces”), también relacionados a presunta irregularidades en contratos de obra pública.