La decisión será anunciada por los Obispos. Son $140 millones y serán eliminados de manera gradual.


Esta semana, la Iglesia dará una clara señal de que se encamina a prescindir de modo progresivo del aporte económico del Estado, que apenas representa el 7% del presupuesto eclesiástico, pero que conlleva una alta significación política.

En agosto, la Conferencia Episcopal conformó una comisión con representantes del Gobierno para estudiar cómo sería el desacople y mecanismos alternativos de financiamiento. Ahora, según indica Clarínla voluntad de avanzar será ratificada por todos los obispos tras un debate durante el plenario que sesionará entre el lunes y el viernes en Pilar.

El cónclave se realiza luego de la polémica por la misa que ofició el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, a pedido de varios gremios opositores que contó con la presencia en primera fila de los camioneros Hugo y Pablo Moyano.

conferencia episcopal argentina

El objetivo de acabar con el aporte estatal que para muchos, incluso dentro de la institución católica, constituye un obstáculo, cobró impulso ante el debate por la legalización del aborto, cuando se alzaron voces reclamando la separación entre la Iglesia y el Estado.

En rigor, la llamada “separación” se consumó en 1966 con la firma del Acuerdo entre el Vaticano y el Estado argentino luego de años de conversaciones. La reforma constitucional del ’94 quitó la exigencia de ser católico para aspirar a la presidencia pero mantuvo el artículo 2 que dice que “el gobierno federal sostiene al culto católico”.

Por una ley de la última dictadura militar, el sostenimiento se tradujo en una asignación mensual a cada uno de los obispos, que en la actualidad ronda los 40 mil pesos y otra pequeña a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos. Este aporte totalizan $ 140 millones que está procurando prescindir la Iglesia. Aquí no figuran los subsidios a sus escuelas, tema que no integra las conversaciones eporque también lo reciben otros cultos.

La prescindencia de los fondos del Estado podría fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia, acallar críticas de otras confesiones y de los ciudadanos no religiosos que se niegan a costearla con sus impuestos.






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