La cuestión migratoria promete convertirse en otra grieta política: en el Congreso hay quienes piden endurecer la ley vigente y los controles, una mirada compartida y promovida por el gobierno de Mauricio Macri, mientras que otros defienden la norma vigente y señalan que la llegada de extranjeros nunca ha sido ni es hoy por hoy un problema en la Argentina.
Miguel Pichetto encendió la mecha: "Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estén listos para salir del país", dijo en alusión a los extranjeros detenidos tras los incidentes producidos en las calles durante la protesta contra el Presupuesto 2019, cuando se debatía en Diputados.
Días después, el bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, que preside Agustín Rossi, presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, que reformó la Ley de Migraciones 25.871 y que según la bancada, promueve la "xenofobia" y la "estigmatización".
El decreto de Macri que el kirchnerismo pretende derogar fue firmado en enero de 2017, pero no está operativo porque la Sala V de la Cámara en los Contencioso Administrativo Federal lo frenó en marzo de este año.
Entre otras cosas, acota los tiempos para expulsar a extranjeros con causas o con antecedentes penales; endurece las condiciones para su ingreso y permanencia; y eleva los requisitos para acceder a la ciudadanía argentina.
En diálogo con Vía País, el diputado kirchnerista Guillermo Carmona, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, sostuvo que "este tipo de políticas alientan la xenofobia y el racismo en el país", y además "no solucionan nada".
"El Gobierno está utilizando la cuestión migratoria de manera demagógica con ribetes de populismo de derecha. Con esta estrategia intentan justificar situaciones delictivas y también el incremento en la cantidad de casos delictivos. En un país donde hay comunidades muy consolidadas de migrantes, la mayoría de sus integrantes no tienen nada que ver con situaciones delictivas", dijo el diputado por Mendoza.
Carmona señaló que la ley 25.871, vigente desde enero de 2004, "tuvo como objetivo la regularización de los migrantes que estaban en la Argentina sin terminar el trámite" y es una norma que "fue elogiada internacionalmente".
En la vereda de enfrente, la peronista sanluiseña Ivana Bianchi sostuvo que "muchos habitantes de países hermanos vienen a utilizar nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras universidades, realizan sus carreras profesionales sin compensación alguna" y que "no hay tratados de reciprocidad ni de compensación anual ni ninguna medida que determine algún tipo de devolución o respuesta a la gentileza dispuesta por el sistema público a través de nuestra Constitución Nacional".
"Diversos actores de la sociedad reclaman un cambio en la ley de Migraciones de nuestro país no solamente por los daños y destrozos al mobiliario público (el día de la media sanción del Presupuesto), sino también, por otras diversas situaciones en las que se viola la ley", señaló la diputada que responde al senador Adolfo Rodríguez Saá.
Bianchi indicó que desde 2012 viene presentando una reforma de la ley migratoria que no ha sido tenida en cuenta y que, entre otros asuntos, "le niega a perpetuidad el ingreso a personas que, bajo prueba fundada, obtienen sus ganancias de uno del tráfico de personas", así como quienes "trafican ilegalmente las armas". Y señaló que "no deben ingresar las personas que obtienen sus ingresos de la producción, comercialización y tráfico de narcóticos".
A su vez, el diputado Felipe Solá, en línea con el kirchnerismo, cuestionó al Gobierno por "incitar a la xenofobia en un momento donde no hay trabajo", lo que a su criterio "es una forma más de tratar de quebrar a la sociedad argentina". "Hay algunos grupos de inmigrantes que sí vienen a delinquir, pero no podemos meter en esa bolsa a la gran cantidad de inmigrantes de países vecinos que tiene la Argentina", señaló Solá.