En medio de las versiones de que la misa que encabezó el fin de semana el arzobispo de Mercedes-Luján en la Basílica de Luján con Hugo Moyano representaba una señal de apoyo de la Iglesia a la cúpula de Camioneros, Agustín Radrizzani salió a aclarar que el papa Francisco "no tuvo ninguna injerencia" en la decisión.
"Frente a los últimos comentarios, deseo aclarar que el papa Francisco no ha tenido ninguna injerencia, la decisión de realizar la celebración de la misa en Luján fue absolutamente mía. No hubiese sido pertinente negarme al pedido que me hicieran hace 40 días ya que valoré como muy positiva la intención de rezar por la paz, el pan y el trabajo", indicó el religioso en un comunicado.
Radrizzani aseguró que nunca fue su intención "apoyar ni a un partido, ni a una ideología, ni a personas concretas" y que el objetivo de la homilía fue el de "propiciar una súplica confiada a Dios para favorecer un clima de diálogo que nos ayude a superar las dificultades que sufren muchos argentinos". Además habló de "caminar juntos para superar la dolorosa brecha" que atraviesa la sociedad.
La versión del obispo se diferencia de la de Pablo Moyano, que dijo que la misa del sábado "no se podría haber hecho sin la venia del Sumo Pontífice". "El Papa está preocupado por esta desgracia que tenemos como modelo económico que suma cada vez más pobres y desocupados a través de la inflación", dijo el secretario adjunto de Camioneros, luego de la homilía.
Durante la misa hubo cuestionamientos al modelo económico de la gestión de Mauricio Macri de parte de Radrizzani, que pidió más interacción entre el Estado y el Pueblo. Desde el Gobierno también creen que el Sumo Pontífice avaló las señales de la institución con los sindicalistas, que están enfrentados con el Ejecutivo e involucrados en varias causas judiciales. Teniendo en cuenta que la misa se dio inmediatamente después de que el juez Luis Carzoglio rechazara el pedido de detención de Pablo Moyano en la causa por asociación ílícita en Independiente.
Del evento religioso participaron varios dirigentes de la oposición y sindicalistas que están en contra de las políticas de este Gobierno, como la intendenta de La Matanza Verónica Magario y el jefe comunal de Merlo Gustavo Menéndez, además de sindicalistas como Roberto Baradel (SUTEBA) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), vinculados al kirchnerismo.
En medio de esta polémica, esta semana el fiscal Sebastián Scalera vuelve a pedir la detención del secretario adjunto de Camioneros en la causa por asociación ilícita en el club Independiente. Mientras tanto, la CGT define la fecha de un paro de 36 horas para el mes de noviembre, que sería la quinta medida de fuerza general contra la gestión de Mauricio Macri.