Cambiemos y el PJ Federal acordaron este miércoles en el Congreso avanzar con una suba de alícuotas del impuesto a los Bienes Personales y en medio de la iniciativa apareció una novedad: la eliminación de una exención a las viviendas rurales, por lo que el campo deberá soportar una mayor presión fiscal.
El proyecto para elevar la alícuota de Bienes Personales fue presentado en la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión por el Presupuesto 2019 y con el Consenso Fiscal firmado por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores como telón de fondo.
Se trata de otro esfuerzo que pedirán el Gobierno y los gobernadores oficialistas y opositores al sector rural, al que en 2018 se le volvió a imponer retenciones a las exportaciones por dos años para recaudar 280.000 millones de pesos extra, con lo que se amortigua el recorte del gasto público.
El objetivo del oficialismo y el "peronismo dialoguista" es que esta iniciativa avance rápido, confirmaron a este medio fuentes de ambos bloques. Por ello, la Comisión de Presupuesto y Hacienda debatirá el tema esta semana o la siguiente.
La gran novedad de los cambios acordados es que el proyecto de reforma deroga la exención que tenían los inmuebles rurales. Desde 2019, los inmuebles rurales que estén arrendados, inexplotados o afectados a explotaciones unipersonales pasarán a tributar.
"El campo paga el ajuste. Esto se suma a la posibilidad de que el Gobierno suba los derechos de exportación al 33%, lo cual está en el Presupuesto 2019. Más la no aplicación del ajuste por inflación", dijo a este medio el tributarista Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores.
En la ley 25.063 (promulgada el 30 de diciembre de 2008) por la que entró en vigencia el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP) se introdujo una exención en la ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, destinada a evitar una doble imposición sobre los inmuebles rurales.
Eso significa que la exención en Bienes Personales resulta aplicable solamente a los inmuebles rurales que resulten ser sujetos del IGMP. Es decir, cuando el inmueble rural se encuentre arrendado o inexplotado debe tributar el IGMP, por no estar aplicado a una explotación.
En mayo de 2016, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario de la AFIP sobre este tema y dejó firme un fallo de segunda instancia según el cual "los inmuebles rurales de personas físicas no se encuentren alcanzados por el Impuesto sobre los Bienes Personales" en ningún caso.
Pero ahora, en medio de un monumental plan de ajuste fiscal, por iniciativa del Poder Ejecutivo el Congreso vuelve sobre esto y busca que los inmuebles rurales sí paguen Bienes Personales. Rodríguez explicó que la gestión Macri busca esto porque a partir del 1 de enero de 2019 el IGMP estará derogado.
“Cómo el impuesto a las Ganancias era a cuenta del IGMP, si el arrendamiento daba ganancias no se pagaba el IGMP. A partir de ahora, como derogan el IGMP y Bienes personales no va a cuenta de Ganancias, se impone un tributo nuevo para las viviendas rurales”, explicó Rodríguez a este diario.
El tributarista advirtió que esto generará una “fuerte carga tributaria” sobre todo en las provincias como Buenos Aires en las que los gobiernos provinciales impulsaron fuertes alzas en las valuaciones fiscales en los últimos dos años.
“Esto va a ser muy gravoso para el campo en aquellas provincias en las que las valuaciones fiscales se fueron a las nubes”, dijo Rodríguez. “Todavía no hay estimaciones precisas porque lo presentaron hoy al proyecto, pero estamos hablando de mucha plata”, completó.
Consenso de los gobernadores
El viernes 24 de agosto 19 provincias que no gobierna Cambiemos firmaron un documento en el que establecen siete consignas para avanzar con el ajuste fiscal de 2019, ante el temor de que las cajas de los gobernadores se vean desfinanciadas.
En uno de los puntos, los gobernadores opositores le exigen a Macri la creación de un organismo federal para la actualización del impuesto inmobiliario, dado que este era uno de los compromisos que asumió el Gobierno nacional en el Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017 y nunca se cumplió.
Ese organismo debe determinar los “procedimientos y metodologías” de aplicación para todas las jurisdicciones con el objeto de lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles “tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial”.
Si bien el texto de las provincias aclara que la intención es "no crear nuevos impuestos sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota sobre los Bienes Personales", ahora el proyecto acordado por el oficialismo y el PJ Federal elimina una exención que tendrá impacto.