El fin de semana, el Gobierno fue un hervidero. El presidente Mauricio Macri pidió explicaciones por la polémica del gas, se lo detallaron y decidió respaldar la decisión de pedirles a los usuarios "un esfuerzo más" para afrontar las tarifas, que vendrán recargadas desde el 1 de enero.
Ahora, tras la decisión de Macri de defender el cobro extra a los usuarios, todo el Gobierno se abroqueló para avanzar con el plan de 24 cuotas de 100 pesos promedio por usuario con el objetivo de compensar a las compañías que producen gas en el país.
En el seno del Gobierno ven dos riesgos: juicios multimillonarios de las gasíferas si no se avanza con la compensación por devaluación; y desinversión en Vaca Muerta, una de las mayores apuestas en la vida política de la coalición Cambiemos y en la estrategia energética de la Argentina.
Macri fue claro en la mañana de este martes en la reunión de Gabinete: "Hay que defender esta medida y explicarle a la gente por qué hay que pagar", le confió una fuente oficial a Vía País. "No hay alternativa, hay que pagar", afirmó el mandatario.
A los pocos minutos, el ministro de Justicia, German Garavano, salió de la sala de la reunión y afirmó que la medida no solo no es ilegal sino que tampoco es inconstitucional, como plantea la oposición política que busca derogar la decisión desde el Congreso.
El Frente para la Victoria-PJ, el Bloque Justicialista y el Frente Renovador presentaron iniciativas para derogar esa medida. Luego se sumaron la izquierda y el Movimiento Evita.
"No es ilegal, ni inconstitucional, es un marco regulatorio que está vigente y que se dictó durante la presidencia de Carlos Menem", apuntó el ministro. Se refería a la Resolución 20/2018 firmada por el secretario de Energía, Javier Iguacel.
Esa resolución dice que los usuarios residenciales, copmerciales e industriales de gas deben pagar en 24 cuotas y con intereses una deuda de 10.000 millones de pesos a las gasíferas, por los consumos ya abonados, correspondientes a entre abril y septiembre (pleno invierno).
Garavano sostuvo que "todos los gobiernos mantuvieron" esa regulación y aclaró que "sobre esta cuestión, en definitiva, se pronunciará la Justicia".
Las tarifas se cobran en pesos pero con el dólar como referencia, dado que están dolarizadas desde principios de la década del 90, a partir de la privatización de los servicios públicos durante la primera presidencia de Carlos Menem.
En paralelo, Iguacel dijo que dentro de las opciones disponibles se dispuso espaciar la suba en 24 cuotas e indicó que si no se hacía de esta manera "en vez de 34,7%, el incremento (de las tarifas) hubiera dado el 200%".
"Buscamos resolver el problema respetando los contratos y teniendo en cuenta lo que le cuesta a la gente llegar a fin de mes. Para poder hacer eso se dispusieron estas 24 cuotas, que tienen un impacto más bajo que hacerlo de otra manera", remarcó Iguacel en declaraciones a radio Mitre.
Por ello, el funcionario aclaró que si no se respetan los contratos con las empresas productoras y se vuelve “a la política de importar cada vez más, el que pagó 3.000 pesos de factura, si era gas de Bolivia, hubiera pagado 6.000 pesos, y si era importado con barcos, 9.000 pesos".
La bajada de línea fue para todo el arco oficialista. El senador nacional Esteban Bullrich defendió este martes el aumento extra en las tarifas de gas, al sostener que entiende el "malestar" pero "hay que cubrir los costos de producción".