La Cámara del Trabajo levantó el embargo de $1.000 millones impuesto por el Ministerio de Trabajo al gremio de Camioneros.
Las juezas Gloria Pasten de Ishihara y María Cecilia Hockl decidieron reducir la multa contra el gremio que conduce Hugo Moyano, a una cifra que rondaría el 50% del salario mínimo de los trabajadores de establecimientos inspeccionados que desobedecieron la conciliación obligatoria.
El cálculo de la multa el Ministerio lo realizó sobre el total de los afiliados a Camioneros, mientras que la Justicia ordenó que sea sobre los "empleados inspeccionados". Camioneros tiene 182.000 afiliados, mientras que el Ministerio de Trabajo va a revisar cuántos empleados desestimaron ese fallo, cifra que hasta el día de hoy desconocen.
En el gremio de Camioneros creen, que unos 2.000 empleados deberían pagar $5.000 de multa, por lo que la multa total sería de $10 millones.
El sindicato de Moyano había apelado la multa de $1.052 millones, con la que los castigó el Ministerio de Trabajo, de los cuales la Justicia ya le había embargado $300 millones.
El lunes de esta semana se movilizó frente a la Cámara del Trabajo, para exigir que se levante la multa. En esa ocasión, Hugo Moyano (hijo) expuso un petitorio ante la Cámara, pidiendo la liberación de los $300 millones embargados y señaló al Gobierno por la "persecución política" contra Camioneros.
Justamente el fallo que se dio a conocer señala la restitución de los $ 300 millones a Camioneros y minimiza la multa al gremio que conduce Moyano.
Fuentes del Ministerio de Trabajo remarcaron que la Justicia laboral "avaló la actuación" de ese Ministerio en aplicar una multa a Camioneros por violar la conciliación obligatoria.
"Según la sentencia, la cartera laboral actuó según lo que establece la ley y no violó ningún derecho constitucional con su proceder, reconociendo de esta manera su calidad de autoridad de aplicación en el caso", dijo una fuente oficial.
Además agregó que esto permitirá aplicar la misma metodología en otros casos similares, porque reivindica y confirma la potestad del Ministerio para aplicar multas ante el incumplimiento de alguna de las partes en la conciliación obligatoria, incluso tratándose de la realización de asambleas que se realizan en horarios de trabajo y signifiquen la paralización de las actividades de una empresa.