La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires "no acompañó" el pedido que el fiscal penal de La Plata Alvaro Garganta le efectuó a la jueza Marcela Garmendia, de inhibirle bienes al ex gobernador Daniel Scioli por 189 millones pesos y que se le prohíba salir del país.
El planteo del fiscal Garganta estaba vinculado a la causa por presuntos hechos de corrupción durante la gestión de Scioli en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).
Así lo revelaron a Télam fuentes judiciales tras la audiencia que se realizó este viernes en la sede de los Tribunales platenses convocada por Garmendia y a la que asistieron los defensores de Scioli, del ex ministro de Salud bonaerense Alejandro Collia y del empresario Ricardo Miller, además del fiscal Garganta y el abogado de la Fiscalía de Estado, Martín Lazarte, en representación del Estado como particular damnificado.
Tras esta audiencia, la jueza tiene cinco días hábiles para decidir sobre el pedido de Garganta.
Según el escrito presentado por la Fiscalía de Estado en la audiencia, en este caso "no se ha planteado que con la contratación de las obras que el agente fiscal entiende irregularmente adjudicadas se hubiera causado un perjuicio patrimonial al fisco provincial".
Además consideró que la prohibición de salida del país "excede" su competencia y es la jueza de Garantías la que debe resolverlo.
El fiscal Garganta busca saber si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.
Además, en la causa se investiga si, al mismo tiempo, la constructora tenía negocios privados con el ex gobernador, ya que le alquilaba un predio para montar un emprendimiento hotelero en Villa La Ñata, Tigre, propiedad de Scioli.