Una nueva discusión política se desató este miércoles en el Congreso de la Nación, donde el oficialismo y la oposición disentían fuerte sobre si el pedido de la gestión de Maurcio Macri de auxilio financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI) necesita o no de aval parlamentario.
Al margen de las consideraciones políticas o de las opiniones de cada legislador, el Gobierno tendría las de ganar en la discusión dado que la Ley de Administración Financiera lo habilita a tomar un crédito de un organismo internacional del que es parte sin pasar antes por el Congreso.
Los diputados Leornardo Grosso y Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria) y Victoria Donda (Libres del Sur) presentaron este miércoles un proyecto de resolución para exigir al Poder Ejecutivo que busque el aval del Congreso ante "cualquier tipo de acuerdo con el FMI".
El Diputado Nicolás del Caño pidió tratar esa presentación sobre tablas. Pero ni bien abrió la sesión, la Cámara de diputados rechazó con 113 votos en contra (de Cambiemos y Aliados), 66 votos a favor y 45 abstenciones (del massismo y bloque justialista") la presentación de Grosso, De Ponti y Donda.
La diputada nacional del Frente Renovador Graciela Camaño explicó que su espacio se abstuvo porque el Congreso no puede aprobar un proyecto sobre la base de "una llamada telefónica" de Macri al FMI. En la misma línea, el presidente del interbloque Argentina Federal, el salteño Pablo Kosiner, dijo que no se puede avanzar hasta que el Gobierno brinde detalles del acuerdo.
En el Senado, el presidente de la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, el legislador peronista por Formosa José Mayans, advirtió que si el Gobierno va a tomar nueva deuda con el FMI necesitará primero "pedir autorización del Congreso".
En esa misma línea se expresó el titular del bloque del FpV-PJ, Agustín Rossi, cuando ingresaba este miércoles al Congreso de la Nación. El legislador se basó en la ley 11.672 sancionada en 2014 como “complementaria permanente” de los Presupuestos.
El artículo 53 de esa norma que regula al Sistema de Crédito Público faculta al Gobierno a “mover capitales” desde el exterior sin autorización expresa del Congreso sólo cuando sea para ampliar servicios públicos mediante obras e inversiones destinadas al desarrollo económico del país.
"En 2005, Néstor Kirchner tuvo que pedirle autorización al Congreso para pagarle la deuda al Fondo. Cómo este Presidente (Macri) no van a tener que pedirle autorización al Congreso que es mucho más gravoso. ¿Estarán escondiendo algo si no lo quieren mostrar?", dijo Rossi.
Mayans, en tanto, dijo que más que por una ley específica, el Poder Ejecutivo tiene que pedir la autorización expresa del Congreso porque así lo establece la Constitución Nacional. El inciso 7 del artículo 75 de la Constitución dice: “Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.
Ante la consulta de este diario, en la Casa Rosada rechazan lo sostenido por la oposición y señalan que el Presupuesto 2018 autorizó a la administración nacional a incrementar el endeudamiento en 46.500 millones de dólares este año, de lo cual el ministerio de Finanzas ha emitido sólo el 75% hasta el momento.
Al ingresar al Congreso, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, cruzó a la oposición. "En mi opinión no requiere ninguna aprobación del Congreso por el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera", sostuvo. Ese artículo dice: "Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica".
Y señala que la ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones autorizadas: 1) Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa; 2) Monto máximo autorizado para la operación; 3) Plazo mínimo de amortización; 4) Destino del financiamiento.
“Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente”, dice el articulado citado por Negri.
Pero, agrega: “Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte”.