Todas los proyectos electorales que agitan las mentes de oficialistas y opositores están atados con hilo. Si la inflación continúa con el ritmo actual, el país que irá a las urnas el año que viene será completamente otro.
El índice de precios con el que cerró el primer trimestre del año se consumió el 42 por ciento de la meta proyectada por el equipo económico. Una meta que a su vez ya le generó un costo al gobierno cuando fue recalibrada a fines del año pasado en una proporción similar. Cabe recordar que los objetivos del Banco Central eran todavía más austeros. O menos realistas, según el cristal con que se mire.
Como la mayoría de las estimaciones independientes predicen que la meta recalibrada jamás será alcanzada, los funcionarios de la Casa Rosada prefieren sostener ahora, con mayor cautela, sólo que la tendencia general de los precios es a la baja.
El presidente Mauricio Macri, en cambio, volvió a apostar un número. En sus declaraciones previas a la visita al país de Mariano Rajoy dijo que la inflación argentina del año que viene será de un dígito.
Si los pronósticos de la mayoría de los economistas independientes se cumplen, el índice de este año superará los 20 puntos. Para alcanzar su promesa, Macri debería bajar la inflación -en el año de su reelección- a menos de la mitad.
El equipo económico argumenta que el país se encuentra en el tramo más escarpado del camino. Que la inflación de abril seguirá caliente pero en mayo la fiebre comenzará a ceder.
La clave está en observar el comportamiento integral de los precios y la evolución del déficit fiscal. Dos de los ministros más controversiales de Macri están en el ojo de la tormenta administrando algunas de esas variables.
Jorge Triaca comenzó a justificar por qué Macri lo sostuvo en el cargo cuando todo indicaba que debía retirarse. En el panorama general, las paritarias se fueron acomodando a la meta inflacionaria del gobierno. Con un sindicato vasto, como el de empleados de comercio, el ministro de Trabajo arbitró un acuerdo casi a la medida de las pretensiones oficiales.
El veterano sindicalista de los mercantiles, Armando Cavalieri, cerró cuando ya sabía que se acercaba una tormenta oscura: el anuncio de que Carrefour solicitaba un procedimiento preventivo de crisis.
Es probable que Triaca, al finalizar el primer semestre, pueda demostrarle a sus pares del gabinete que esta vez el salario no fue un disparador sino un ancla del esquema de precios relativos.
Los monetaristas más intransigentes del Banco Central, en cambio, ya desembolsaron algunas heterodoxias al intervenir en el mercado para que el dólar no se escape más de lo conveniente.
A Juan José Aranguren, desde afuera y desde adentro de la coalición oficialista le apuntan por el ritmo de ajuste de los combustibles y las tarifas. Cuenta aún con el apoyo personal del Presidente.
En su caso, incluso los resultados positivos -por ser indirectos- son más difíciles de percibir. Para la población en general, el ministro de Energía es la imagen del Estado generando inflación a través de los precios regulados. Para el gobierno, es el principal combatiente contra una montaña de subsidios que mantienen el déficit en niveles insostenibles, obligan a emitir moneda o adquirir deuda y por tanto impiden bajar la inflación.
En tanto, Macri bajó a los suyos una instrucción de sentido común: mientras la inflación no ceda, también hay que ahorrar conflictos.
Oficialistas y opositores sabían de antemano que se venía un fallo judicial que operaría como revulsivo en el escenario político.
Dos sobrevivientes de la última glaciación se hicieron cargo del impacto. Luis Barrionuevo, nuevo interventor del Partido Justicialista, y la jueza María Servini de Cubría.
La orden de Macri a sus funcionarios fue no interferir en esa interna ajena. La disputa de la gerontocracia peronista por las oficinas enmohecidas del PJ puede parecer hoy un regalo ante los ojos posmodernos del oficialismo. Pero es el primer movimiento operativo en la principal oposición para separar las aguas con Cristina.
Barrionuevo y el peronismo territorial comparten una convicción: las elecciones se ganan con los fiscales. Acaban de hacerse con el grupo de elite, los apoderados nacionales de su partido.
Todos los interventores suelen ser personajes impopulares. Barrionuevo intentará suturar con pragmatismo y sin Cristina un peronismo destruido. Para proyectar sus resultados convendría hacer un ejercicio imaginario: traer una inflación de dos dígitos en 2019, a valor político presente neto.
Con Servini de Cubría, el oficialismo también recibió una instrucción de no meterse. La jueza mantiene una sorda disputa con la Corte Suprema. Macri tiene allí sus propios conflictos.
Con su última acordada sobre la integración temporaria de tribunales, la Corte moderó uno de los frentes que tenía abiertos con el Presidente. El ministro de Justicia, Germán Garavano fatiga los pasillos judiciales intentando aligerar las diferencias.
No es el estilo de Elisa Carrió. Cada vez que puede señala al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti con el objetivo de un juicio político. Sabe que allí radica el principal temor de su adversario.
Lorenzetti también teje. Impulsó a Fernando Arnedo como nuevo secretario penal de la Corte.
La cercanía de Arnedo con el juez Alejandro Slokar, uno de los referentes de Justicia Legítima, no es tal vez el dato más relevante.
Convendría observar que esa oficina -por donde pasan los juicios penales más intrincados del país- habitualmente fue cubierta con el voto unánime de los miembros de la Corte.
A siete meses de la renovación de la presidencia del máximo tribunal del país, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se opusieron.