El fallo de la Justicia supone un fuerte revés para el Gobierno, que había endurecido los controles migratorios por medio de un decreto.


En lo que supone un fuerte revés para el Gobierno, este viernes la Justicia declaró inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri en enero del 2017, que modificaba la ley de Migraciones y fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la inconstitucionalidad del decreto firmado por el Presidente al considerar que no existe en Argentina una “situación crítica” que amerite la adopción de “medidas urgentes” en materia de política migratoria sin la intervención del Parlamento.

“La fundamentación estadística no parece justificar que se eluda la intervención del Congreso Nacional”, evaluó el tribunal de alzada, integrado por los camaristas Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, en un fallo al que accedió la agencia Télam.

Macri en conferencia de prensa

En enero del 2017, Macri firmó un DNU que introducía cambios a la Ley de Migraciones (25.871) que, para las organizaciones migrantes de Argentina, “estigmatizaba a los extranjeros, cargándolos con el estigma del narcotráfico”.

En octubre del año pasado, un fallo del Juzgado en lo Contencioso Adminisrativo Federal 1, a cargo de Ernesto Marinelli, convalidó el decreto que agilizaba los procesos de expulsión del país de extranjeros con causas penales, tras una demanda colectiva presentada por organizaciones civiles.

Sin embargo, ese fallo fue apelado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Caref y Copadi (además de los Defensores del Pueblo de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, cuyas presentaciones fueron desestimadas).

Este jueves, la Sala V de la cámara revocó lo resuelto por el juez Marinelli y declaró la “invalidez constitucional del decreto 70/2017” por entender que los “datos fácticos” a los que alude el DNU “no aparecen debidamente acreditados”.

La medida presidencial agilizaba los procesos de expulsión del país de extranjeros con causas penales, entre otros puntos. Según los jueces, la norma planteaba condiciones regresivas en materia de protección de los derechos humanos.




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