El Senado abrirá el próximo miércoles el debate sobre la reforma del mercado de capitales, una iniciativa que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y fue uno de los temas pedidos como prioridad por el presidente Mauricio Macri durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso del 1 de marzo.
El proyecto, que en la Cámara baja fue aprobado por 136 votos a favor y 65 en contra, será tratado desde este miércoles a las 10 en el salón Arturo Illia del Senado durante la reunión de la comisión de Economía Nacional e Inversión, que presidirá la senadora nacional de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez.
El oficialismo decidió abrir el año parlamentario en el Senado con la llamada ley de financiamiento productivo, que apunta a contar con nuevas herramientas para financiar a las pymes, como la emisión de facturas de crédito que podrán venderse y el apuntalamiento del mercado de hipotecas.
De acuerdo con la propuesta, estas herramientas permitirán a las pymes acceder a crédito a tasas más competitivas, ya que el riesgo crediticio de la factura está asociado al deudor de ese documento y no al emprendimiento en cuestión.
Durante el debate en Diputados, el oficialismo remarcó que el mismo esquema de financiamiento se implementó con éxito en Brasil, Chile y México.
En su discurso del jueves pasado ante la Asamblea Legislativa, el presidente Macri consideró que "la ley de financiamiento productivo que tiene media sanción va a permitir seguir teniendo crédito hipotecario por varias décadas y va a dar más opciones para canalizar el ahorro de los argentinos, en especial a las pymes, que necesitan capital para crecer".
La iniciativa determina que la Autoridad de Aplicación y la Comisión de Valores establecerán los procedimientos de negociación y transmisión de esta facturas, pudiendo limitar los mismos a medios electrónicos.
Por otro lado, dispone que será nula toda prohibición de endosar, ceder, negociar y/o transferir las facturas de crédito electrónicas mipymes, tanto para quien las acepte como para los sucesivos adquirentes.
Otro punto clave es el que se propone derogar la facultad de la CNV para intervenir en empresas y designar veedores con poder de veto respecto de las decisiones del directorio de dichas empresas como lo establece el artículo 20 de la ley actual.