El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó este viernes la detención de siete funcionarios de la AFIP, un empresario, un supuesto agente de bolsa y dos empleados, en el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cómo se filtró información de personas que ingresaron al último blanqueo de capitales, en 2016.
El magistrado, que además ordenó unos 50 allanamientos, tiene previsto indagar en los tribunales federales de Comodoro Py a los siete empleados que ya están detenidos y acusados por la filtración, denunciada por la conducción de la AFIP el año pasado.
Fuentes judiciales sostuvieron que en la causa, que se encuentra en secreto de sumario, se pudo determinar la existencia de una organización con acceso a la base de datos de la la AFIP, que se dedicaría a la acumulación y venta de información secreta.
Según pudo saber Clarín, "se realizan operativos en domicilios particulares de un grupo de personas que trabajando en AFIP desde 2010 se dedicaban a filtrar datos que cuentan con secreto fiscal y a su vez, vendían servicios a empresas y grandes contribuyentes".
Fuentes cercanas a la investigación confiaron a la agencia Télam que en las oficinas privadas allanadas se encontraron sumas en efectivo por una cantidad no menor a US$ 3 millones.
La causa se originó en agosto pasado luego de que el diario Página/12 reveló que familiares del presidente Mauricio Macri se habían acogido al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.
Sin embargo, desde la Unión del Personal Superior de la AFIP, su secretario General, Julio Estévez, puso en duda que esta banda fuera la responsable de la filtración del blanqueo.
La organización "respondería a otro tipo de posibles ilícitos vinculados a la venta de compensaciones inexistentes y por el sistema, cancelar deudas con la AFIP, pero todo eso lo terminará de definir la justicia", dijo Estévez en declaraciones a Télam.
A partir deltrabajo en conjunto del personal Jerárquico de la AFIP y la AFI "se logró encontrar lo que sin duda es solo la punta del iceberg de una práctica repugnante en la repartición: el uso político de la información confidencial", dijo el dirigente gremial.
Mientras tanto, el titular de la AFIP, Alberto Abad, se encontraba en su despacho analizando los alcances de estos 50 allanamientos, y las posibles personas implicadas.
Por la violación del secreto, a los culpables podrían sufrir pena de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87.
Pero en el caso de funcionarios públicos, la pena puede extenderse a 3 años de prisión y hasta 10 de inhabilitación.