El juez Ariel Lijo procesó a Amado Boudou por defraudación a la administración pública por la "presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos" en la rendición de viajes cuando era ministro de Economía. También fueron procesados su ex jefe de Gabinete, Guido Forcieri, y su ex secretario privado, Héctor "Cachi" Romano.
Según la Justicia, quedó corroborado que Boudou presentó documentación falsa al momento de rendir facturas vinculadas a los viáticos de una serie de viajes al exterior realizados cuando estaba frente al Palacio de Hacienda, por más de 15.000 euros.
Durante la investigación, el juez Lijo envió exhortos al exterior para entrecruzar la información de costos de hotelería y corroborar las cifras rendidas por Boudou, Romano y Forcieri.
Así, concluyó que con las maniobras investigadas "se buscó obtener un beneficio económico directo mediante la defraudación efectuada en perjuicio de la administración pública".
Uno de los viajes investigados tenía como destino a París, entre el 17 y 21 de febrero de 2011. Según corroboró el juzgado, hay facturas con gastos por encima de los costos, y también la rendición con "comprobantes apócrifos".
Por un lado, se falsificaron dos facturas del hotel "Bel-Ami" por 9.395 y 6.943,23 euros. Al ser consultado por el juzgado, el hotel informó que tanto el número de las factura como el huésped ("Ministerio de Economía argentino") y las fechas de estadía "no concordaban con la información registrada en el hotel".
La causa incluye los viáticos asignados a la comisión que realizó Forcieri en París el 15 y 28 de febrero de 2011. La rendición de viáticos presentada junto con Romano tenía un comprobante del Bel-Ami por más de 6.400 euros, pero el hotel desconoció esa factura. Sin embargo, informó sobre otras fechas en las que Forcieri se alojó en el lugar "que no condicen con lo declarado", según informa Clarín.
Otro de los gastos apócrifos fue la factura emitida a favor del intérprete Eduardo E. Kannemann, por 3.300 euros, todo en el marco de la rendición de gastos de los expedientes investigados. Consultado por el juzgado, Kannemann admitió haber realizado la tarea consignada pero por una cifra inferior: 1.500 euros.