El conflicto con los mapuches en el Sur sumó un nuevo capítulo en las últimas semanas, luego de que el joven Rafael Nahuel muriera baleado por un efectivo de Prefectura.
Este último acontecimiento es un episodio más dentro de un avance territorial progresivo que han sostenido las comunidades mapuches. Según datos recolectados por Clarín y provenientes de organizaciones civiles, gobiernos provinciales y confederaciones indígenas del Sur, en los últimos 15 años los miembros de estos pueblos originarios han ocupado y logrado permanecer legalmente en más de 300 mil hectáreas de la Patagonia.
La mayoría de las ocupaciones corresponden a tierras fiscales y campos privados, y las mismas se suelen dar sin uso de la violencia. Por eso fue una novedad la irrupción en los últimos tiempos de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), denunciada por más de 70 casos de ataques y atentados contra la propiedad.
Luego de varios desalojos y tras persistir en sus reclamos territoriales, en 2006 las comunidades lograron quedar bajo el amparo de la ley de emergencia indígena 26.160, normativa que impide los desalojos en los casos de posesiones previas a la sanción y que exige al Gobierno a realizar censos de los pueblos originarios para definir, entre otras cosas, si corresponde o no su presencia en los sitios que reclaman.
En situaciones de conflictos de este tipo, el Estado está obligado a atender los reclamos indígenas de uso de la tierra y recursos naturales, según lo que marca el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Por poner algunos números, sólo en Chubut, desde 1974, se regularizaron 327 mil hectáreas de aborígenes: 110 mil entre 2003 y 2011, según datos del Instituto Autárquico de la Colonización. Además, según el censo del 2010, viven actualmente en Argentina unos 106 mil mapuches, siendo Río Negro la provincia de mayor concentración.
