Con presiones y resistencias, acuerdos de conveniencia y no pocos enojos, las reformas tributaria, previsional y laboral que propuso Mauricio Macri en su discurso del 30 de octubre, le van dando forma a un gran debate nacional que involucra a funcionarios, gobernadores, legisladores, empresarios, sindicalistas, jueces y dirigentes sociales. A los habitantes de la Casa Rosada les gusta decir que "cambiar pasado por futuro" no será una tarea sencilla, pero se sienten respaldados por el apoyo electoral que recibieron en las recientes legislativas.
Al primer paso concreto lo dieron el jueves, cuando los gobernadores escucharon los detalles de una propuesta que apunta a solucionar algunos problemas históricos de la relación Nación-Provincias. Entre ellos, el reclamo de Buenos Aires por el llamado Fondo del Conurbano, que llegó a la Corte Suprema de Justicia y amenazaba con provocar mayores desequilibrios en el financiamiento de todos los distritos.
No escapa a cualquier observador que el Gobierno hizo uso de muñeca política para enfrentar el tema de las provincias. Comenzó anunciando la creación de impuestos internos –al vino, a las bebidas azucaradas, al champán, etc.- para notificar a los gobernadores que estaba decidido a todo si no recibía el apoyo esperado y los votos necesarios para todas las reformas. Esa presión incluyó, como detalle, una advertencia no pública a la interna mendocina de Cambiemos. El gobernador Alfredo Cornejo tomó debida nota del meta-mensaje y la producción de vino no tendrá el gravamen.
Otra oportuna operación de contenido político fue la formación de la comitiva que viajó a Nueva York con el Presidente. Los gobernadores peronistas Juan Schiaretti de Córdoba, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Sergio Uñac de San Juan y el socialista Miguel Lifschit de Santa Fe, senadores y diputados oficialistas, y de una parte de la oposición como el PJ no kirchnerista y el Frente Renovador.
¿Quién paga?
Macri tuvo tiempo para explicarles a todos ellos el sentido y las características de las reformas que busca y, en general, hubo coincidencias que el Gobierno considera fundamentales para cuando deban definirse en el Congreso. El tema de la coparticipación federal ya vino casi cocinado de ese viaje y, según fuentes confiables, terminó de abrocharse el jueves muy temprano –antes de la reunión plenaria- en el Ministerio del Interior con un par de gobernadores y el jefe de la bancada peronista del Senado, Miguel Pichetto.
Todos los sectores, tanto políticos como económicos, admiten que el sistema previsional, tal como está, es una bomba de tiempo que tarde o temprano estallará. Macri propone una modificación de la fórmula con la que se reajustan cada 6 meses las jubilaciones, para hacerla trimestral y solamente con la inflación. La cuestión es muy sensible porque afectará a los jubilados, pero la proporción de trabajadores activos que aportan y los pasivos que cobran hace imposible financiar el sistema.
En el corto plazo al Gobierno le interesa obtener del cambio de fórmula los recursos para –entre otras cosas- no seguir endeudándose en el exterior. El argumento político que hace pensar al peronismo no K, es que si esa fuerza se reorganiza y aspira a disputar el poder en 2019 o 2023, es mejor tener ya resuelta la situación previsional. “Nos conviene que al costo político de modificar las jubilaciones lo pague ahora Macri y no después nosotros”, reflexiona en privado un gobernador peronista.
Pero claro, una cosa es admitir la realidad del sistema, y otra propiciar que los legisladores partidarios se avengan a votar a favor de la reforma en el Congreso. De todos modos, el Gobierno avanza sobre ese punto y no parece tener a mano otras alternativas menos costosas para todos.
Los compañeros
Las mayores resistencias a lo propuesto por el Presidente vendrán sin dudas del sector sindical. Hasta los dirigentes gremiales menos radicalizados, han dicho que están a favor de hacer una reforma para blanquear a los trabajadores en negro, pero que no admitirán que se toque la Ley de Contrato de Trabajo, una histórica conquista del sindicalismo peronista.
Los empresarios aceptan ese blanqueo que implica más aportes patronales, pero exigen que se modifique el cálculo de las indemnizaciones y otras cuestiones que establece aquella ley. Parece un callejón sin salida, pero en el Gobierno creen que desde las posiciones de máxima se puede llegar a un acercamiento, mientras se flexibilizan por sectores otros aspectos de las relaciones laborales que consideran necesarios para facilitar la inversión y el crecimiento económico.
Son tantas las vertientes ideológicas y políticas que tiene hoy el sindicalismo argentino, que siempre habrá una representación de trabajadores dispuesta a movilizarse y resistir en las calles el plan del oficialismo. "Nuestro límite es la posibilidad de la ruptura de la paz social" afirma un funcionario que, no obstante, confía en que el diálogo y la negociación jugarán un papel importante en la definición de los cambios laborales.
Además de una nueva normativa en esa materia, lo que propone el Gobierno es el cambio de una cultura que tiene un particular arraigo en el gremialismo argentino. Es evidente que en estos tiempos muchas de las que se consideraron conquistas para los trabajadores pasaron a desfavorecerlos por las modernas características que tiene la producción. Habrá una larga discusión al respecto con un gobierno que interpreta el triunfo electoral como un mandato de la voluntad de la sociedad de buscar otros caminos.
El debate está abierto y más temprano que tarde veremos si estamos ante una oportunidad o un nuevo intento frustrado.